La Policía Nacional española realizó hoy un operativo para detener a cinco presuntos implicados en el proyecto PIT del comisario Villarejo, informaron medios de aquel país. Esto debido al caso “Tadem” que se investiga en la Audiencia Nacional. Entre los detenidos se encuentran el naviero Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador del banco Santander, y el empresario y amigo del comisario Adrián de la Joya.

La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó las aprehensiones que fueron coordinadas por la Unidad de Asuntos Internos. Además fue detenido un hermano de Pérez-Maura, Álvaro, que también labora en la empresa de la familia; un asesor de la misma, Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre.

Medios locales informaron en el mes de septiembre (2018) que este caso “la pieza PIT” implica al exjuez Baltasar Garzón y a la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

La investigación gira en torno a presunto pago de más de siete millones de euros de Pérez-Maura a Villarejo para tratar de detener una investigación que se sigue en contra su empresa en Guatemala. El empresario habría solicitado al comisario que detuviera su extradición de España y que “arreglara” que Juan José Suárez Meseguer, saliera de la prisión que le fue dictada en 2016.

Pérez-Maura y Suárez Meseguer están acusados por la Justicia guatemalteca de arreglar sobornos   por 30 millones de euros, al expresidente Otto Pérez Molina para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), consiguiera el manejo de puerto de Quetzal, durante 25 años en régimen de usufructo. El “negocio” se firmó en 2012, con Pérez Molina en la Presidencia.

Adrián de la Joya, también detenido este día está sindicado de poner a Pérez-Maura en contacto con Villarejo.

La investigación

De acuerdo con las autoridades “los documentos contables anxados al sumario de la operación Tándem, la compañía matriz de Pérez-Maura, Pérez y Cía SL, hizo un primer pago en 2016 de 3.388.000 euros a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y de otros 1.452.000 euros a Stuart & McKenzie, el bufete jurídico del policía. Esos pagos se debieron presuntamente a que Villarejo ya había alcanzado uno de los objetivos: evitar la extradición del naviero a Guatemala. Efectivamente, en abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la petición de entrega de Pérez-Maura.

A partir de ese momento, las dos empresas de Villarejo empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. Hasta noviembre de 2017, fecha en la que estalló la operación Tándem, Pérez-Maura pagó a las compañías del comisario más de siete millones de euros” según El Confidencial de España.

Durante un allanamiento la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró en el domicilio de Villarejo en noviembre de 2017 una serie de documentos y audios en los que se detallaban las gestiones realizadas para lograr que la Audiencia Nacional se opusiera a la extradición de este empresario, tal y como ocurrió.

Presunta implicación de Iván Velásquez

Pruebas documentales y audios intervenidos al comisario darían cuenta que, tras el convenio con  el naviero, Villarejo trató de recurrir a Garzón y Delgado, que en aquella época era fiscal de la Audiencia Nacional, el órgano encargado de estudiar la entrega de Pérez-Maura, para evitar que la causa prosperara.

En las notas del comisario se registró una reunión con Delgado. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción informaron a El Confidencial que la ministra no está siendo investigada por el momento.

En el caso de Baltazar Garzón, se investigan los pagos que recibió de Villarejo para que presuntamente se comunicara con sus “contactos judiciales” en Guatemala en beneficio de Pérez-Maura. “Los agentes de Asuntos Internos han localizado movimientos de fondos que terminaron bajo el control del exjuez de la Audiencia Nacional y que estarían relacionados con sus supuestas gestiones en Guatemala. Se da la circunstancia de que Garzón ya había trabajado en el pasado con Iván Velásquez, máximo responsable del organismo fiscal que impulsó la investigación contra los empresarios españoles”.

El medio “El Español” informó que tuvo acceso a un documento, fechado en abril de 2016, que se encontraba en una de las carpetas de trabajo de las empresas de Villarejo y que  dejaba constancia de la estrategia a seguir tanto para frenar la extradición de Pérez-Maura como para relajar la investigación en Guatemala. "Para resolver este conflicto judicial, hay dos personas clave: Nineth Montenegro (en la bancada de Encuentro por Guatemala) y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana", se dice en el escrito.

El documento recomendaría a Pérez-Maura y sus abogados un cambio de estrategia "defensa desde la izquierda dividida en dos fases". La primera pasa por trabajar en España y Guatemala para impedir la extradición. "Basada en anular la causa, la imputación en Guatemala a través de que la defienda Rafael Maldonado (CALAS) y que se apoye la bancada de la izquierda a través de un coste, el apoyo a proyectos de Acción Popular (en realidad se refiere al grupo Acción Ciudadana) la acusación popular que ha judicializado esta concesión".

La segunda fase, a desarrollar "en Guatemala", pasaría por que no se anule la adjudicación investigada, la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, "o que, en caso de producirse un nuevo concurso, este termine adjudicado también a Maersk".

"El contrato de compraventa de TCB a Maersk tiene penalizaciones millonarias si pierden adjudicaciones. Por lo tanto, hay que montar un plan más sofisticado (y caro) para conseguirlo, que pasa por una relación directa con Presidencia de Guatemala", se dice en el documento.

Según El Español, el presunto plan para salvar a Pérez-Maura y sus colaboradores se dividió en varios pasos. El primero era intentar separar al empresario español y sus sociedades en Guatemala de cualquier "connivencia" con el anterior presidente, Otto Pérez. El segundo, unirse a la acusación particular como "damnificados" por el "proceso irregular de adjudicación". Un tercero era la utilización de " los recursos para influir en la acusación popular mediante manejo de la opinión pública a través de periodistas y medios locales".

A partir de ahí, se suceden otros elementos planificados como el acercamiento al diputado Manfredo Marroquín o la intención de "atacar/desprestigiar" a dos "figuras clave" del procedimiento: el principal delator para la Fiscalía, Juan Carlos Monzón, y el intermediario argentino Mauricio José G.

En última instancia, el escrito recomienda "descargar todo el peso de la prueba en Juan José Suárez", el español que era principal responsable de la empresa en Guatemala y que había sido detenido en esa misma fecha, "y quitar cualquier decisión o aprobación a Angel Pérez", en referencia a Pérez-Maura, el empresario que contrató según las investigaciones a Villarejo cuando éste estaba ya retirado.

En otro punto se refleja la intención de "actuar en el entorno del presidente Morales ayudándole en su actual situación mediante una inversión estratégica: Fundación Konrad Adenauer".