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La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad que había sido interpuesta por dos ciudadanos, ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa.

Por agencias

Dentro de las medidas cautelares emitidas por el órgano judicial, se ordenó al Ejecutivo a que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos". 

La Corte también ordenó al ministro de Defensa Nacional, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, a no ejercer "funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados". 

Esta tarde el Presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce en declaraciones a la prensa dijo que “Ese fue intento de golpe de Estado al Órgano Legislativo”, añadió que “Como presidente de la Asamblea y en representación de los 84 diputados, protestamos enérgicamente por la actitud con la cual se ingresó al recinto Legislativo”.

Más tarde durante sesión plenaria extraordinaria No.5 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, fue leída la notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para una sesión plenaria extraordinaria el día 9 de febrero de 2020.  

Los hechos

El Gobierno y la Asamblea Legislativa en El Salvador mantienen una disputa que se incrementó cuando el Presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter, el 1 de febrero de 2020, que:  “ARENA y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos.”

Su molestia obedece a que los últimos meses del 2019, el ejecutivo presentó una solicitud de préstamo a la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares. Este préstamo tendría como objetivo financiar la 3ª fase del Plan de Control Territorial.

Sin embargo, algunos diputados consideran que el Presidente no ha explicado a detalle el destino de los fondos por lo que no  se ha logrado el consenso de la mayoría calificada que se necesita para su aprobación.

El Consejo de Ministros, emitió un Acuerdo Ejecutivo, el pasado 6 de febrero, invocando el artículo 167, ord. 7° de la Constitución (Cn.), para convocar de forma extraordinaria a la Asamblea Legislativa y obligarlos a reunirse y discutir la autorización del préstamo que dicho sea de paso, es un ofrecimiento de Estados Unidos.

La Asamblea Legislativa concluyó que la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional y que está facultada, de acuerdo con la Constitución, para ejercer control en las finanzas públicas, y que la convocatoria es improcedente por transgredir la independencia de los Órganos de Estado.

El mandatario Nayib Bukele  continúa la presión en redes sociales reiterando que los diputados están convocados y que la ley los obliga a presentarse. Además dijo que de no hacerlo, existiría “ruptura del orden constitucional”, y que “el pueblo tendrá la facultad de aplicar el art. 87 de la Constitución”, el cual se refiere al derecho a la insurrección.

El 8 de febrero, el Presidente Bukele ordeno que personal militar se ubicase en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Además, fueron retirados los policías que brindan protección a los diputados, y también se ordenó suspender los permisos y licencias al personal policial para “reforzar el Plan de Prevención Territorial”.

Improcedentemente jurídica

Expertos constitucionalistas salvadoreños han afirmado que la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros es jurídicamente improcedente porque no hay una situación extraordinaria que la Constitución ordena para dicha convocatoria.

La constitución claramente índice que esta disposición se plasmó para responder ante situaciones en que la Asamblea Legislativa se encuentre en período de vacaciones o en casos de calamidad general y catástrofe.

Ninguno de los dos supuestos se cumplen y, por ello, la convocatoria es inconstitucional, ya que, por una parte, la Asamblea está en funciones y no en vacaciones o receso, sino deliberando sobre el asunto, como es propio y natural en los parlamentos; y por Análisis situacional de El Salvador ante crisis de Gobernabilidad. Por otra parte, tampoco han sucedido los acontecimientos de calamidad general. Esta posición fue reafirmada de manera espontánea por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil.