Redacción
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Por Jorge Andrés Quintero De Aguirre

Conforme pasan los días y expertos mundiales en temas económicos y sociales van agudizando su percepción de cuál es la verdadera dimensión de esta crisis mundial y cómo y hasta cuándo puede prolongarse la situación actual, vamos entendiendo que no hay una salida fácil, que la economía sufrirá, el desempleo crecerá y que las decisiones a tomarse para evitar el peor escenario deben ser valientes, astutas y sensatas.

No obstante, en Guatemala, a pesar de ser uno de los países que más fragilidad presenta en temas de capacidad fiscal y administración de recursos, en un período de doce días ha generado tres ampliaciones presupuestarias que suman casi 20 mil millones de quetzales.

Aclaro, de una vez, que adquirir recursos de como sea necesario es vital para mitigar los efectos socioeconómicos de esta crisis, y que dichas acciones tienen dos justificaciones precisas: primero, siendo esta una pandemia de características indefinidas e impredecible, el costo económico a corto plazo por desacelerar o paralizar sectores comerciales y productivos (como se ha mostrado necesario para evitar el alza exponencial de contagios), es el efecto principal ante el cual, cualquier gobierno y líder político frente a esta crisis, debe organizar todos los esfuerzos y recursos para reducir el impacto; el mismo que afectará en un mayor grado a los más desprotegidos, a empresas pequeñas y medianas y muchos otros miles de personas dedicadas a actividades económicas que se han visto seriamente afectadas.

Por ello, endeudarse para crear o financiar programas que ayuden a la población más vulnerable (que no solo afronta problemas económicos insostenibles por los efectos que este fenómeno tiene, sino también por la necesidad de movilizarse, lo que implica tener contacto con personas para encontrar la manera de subsistir), es una línea de acción inmediata para cualquier gobierno, y lo que implica endeudarse.

Como segunda justificación, lo que todos los Estados del mundo están deseosos de afrontar: la reactivación económica. Y por ello, la importancia de la primera, pues sin una acción estratégica, eficiente y planificada, que garantice la adecuada asignación de recursos con resultados contundentes, no hay un panorama favorable para una recuperación económica en un plazo considerablemente aceptable, y nos estaremos enfrentando a una crisis económica prolongada que vendrá, sin lugar a dudas, acompañada de una crisis social profunda y sin precedentes.

Dicho todo esto, es fácil de entender que hay que endeudarse, pero también que hay que tener claridad en cómo serán utilizados estos recursos, quienes son los beneficiaros y, además, cuáles serán las acciones compensatorias del Gobierno, ya que, si un país se endeuda para mitigar los efectos económicos y sociales de algo tan impredecible como el COVID-19, el Estado debe reducir todo gasto que sea innecesario y que no esté estrechamente ligado a atender la situación actual. Sin embargo, de lo dicho, el Congreso de Guatemala ha incumplido rotundamente con todas las condiciones expuestas, pues aprobó una tercera ampliación presupuestaria el 5 de abril que no dejan lugar a duda de la existencia de intereses particulares, cuya finalidad muestra ser todo, menos asignar recursos donde verdaderamente se pueda mitigar los efectos de esta crisis.

Resumiendo: dos ampliaciones presupuestales iniciales entre el 25 de marzo y 3 de abril, de las cuales cada una de ellas posee rubros más que cuestionables en cuanto a quiénes serán los beneficiarios (cumplimiento de pactos colectivos, incremento en salarios en ministerios poco relevantes en la crisis, entre otros); y luego la vergonzosa última ampliación del 5 de abril (asignaciones a dedo que apenas el 16% al 19% tiene relación con la crisis), que no deja en duda que gran parte de esos casi Q20 mil millones, no llegarán a quienes lo necesitan, pero que, además, provocarán un cisma, un posible antes y después, en la vida de los guatemaltecos. Para ello me explico:

Toda impresión de moneda, préstamo internacional o recurso emitido por el Estado resultará inevitablemente en el crecimiento de la inflación a largo plazo; eso está demostrado no solo en la teoría económica sino en la historia mundial. Y eso es precisamente lo más importante: inyectar recursos financieros en una economía para sostenerla y reactivarla no es el problema, el riesgo es hacerlo y no cosechar los resultados esperados, no restringir los gastos innecesarios y no tener capacidad para pagar esa deuda sin comprometer la calidad de vida de muchos guatemaltecos, principalmente los que están en situación vulnerable y que, se supone, estos recursos adquiridos deben proteger. Esta deuda, sin lugar a dudas, provocará una pérdida en la capacidad adquisitiva de los hogares guatemaltecos; que dicho sea de paso es lo peor que puede pasar, debido a que Guatemala posee uno de los peores niveles de pobreza de América Latina y la brecha entre los ingresos de esta población y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es una forma simple de comprobar que Guatemala no puede permitirse un deterioro en el poder adquisitivo. Además, Guatemala posee uno de los peores sistemas tributarios del hemisferio, lo que significa que la capacidad de endeudamiento es inferior a la mayoría de los países de la región. El país no puede jugar a esto sin certeza, y eso es precisamente lo que no tenemos.

El Congreso de Guatemala, y principalmente la bancada oficial, con la aprobación de la ampliación presupuestaria, han comprometido el futuro del país, al asignar recursos que buscan satisfacer intereses particulares y no garantizar que la porción de los recursos que sí estarán disponibles para la población vulnerable, lleguen precisamente a quienes más lo necesitan. Mientras tanto, el Presidente Giammattei continua ofreciendo conferencias de prensa atendiendo pormenores sin atender este tema y otros más urgentes que le den a la población la certeza que los recursos aprobados llegarán a las manos de los más necesitados. Sin esa garantía, de la cual estoy seguro no la tenemos (pues aparte de los focos de corrupción que son evidentes, debemos considerar las fuertes limitaciones en la capacidad institucional para mapear a las personas en situación de riesgo y transferir los recursos de manera eficiente), lo que estamos adquiriendo es un problema mayor a largo plazo.

Si el Presidente Giammattei no se opone, no planifica y no toma medidas al nivel de los estándares internacionales (que dicho sea de paso, si bien este artículo no está diseñado para explicar la dinámica de la pandemia, debemos tomar como variable fundamental que existe un subregistro en los datos oficiales de contagio, y que las políticas aplicadas por el Gobierno son completamente ineficientes dado que no responden a lo que está pasando en realidad), Guatemala estará afrontando un escenario difícil en materia económica, social y humanitaria, por no haber tomado decisiones a tiempo.

El Presidente Giammattei debe dejarse de intentos a medias y, si quiere liderar verdaderamente la voluntad popular, dejar los crónicas vespertinas por algo de sustancia: la imposición de medidas efectivas, sensatas y contundentes como en muchos países de la región, así estas vayan en contra de su bancada, así estas comprometan su relación con el Congreso y así estas acciones vayan en contra de quienes posiblemente le presionan para mantener la economía abierta, así ignoren todos ellos que lo peor aún está por venir.