Luis Fernando Urbina Álvarez
Luis Fernando Urbina Álvarez
Sobre el autor:
Publicista, Comunicador Social Especializado en Mercadeo Estratégico, Administración, Gerencia de Campañas y Estudios Estratégicos. Con experiencia en publicidad comercial, campañas de RSE en la iniciativa privada, comunicación política digital, comunicación de crisis, relaciones públicas en instituciones de educación superior y personas públicas.

Storyteller

La rendición de cuentas es un concepto que se ha estructurado en las sociedades democráticas como una herramienta para lograr transparencia, control y sobre todo una vinculación entre promesas políticas y la mejora de calidad de vida de una sociedad, mejoras que deben ser conducidas por funcionarios públicos. Sin embargo, podemos encontrar distintos enfoques.

Dichos enfoques tienen características de fondo y forma, la primera de ellas es parte de la responsabilidad vertical, tiene que ver con los mecanismos legales que ha establecido un estado para cumplir con la rendición de cuentas, y la forma tiene relación con la actitud con la que se cumple con los mecanismos de rendición de cuentas.

La rendición de cuentas en una democracia está estrechamente ligada a la representatividad que una sociedad entrega a sus gobernantes al momento de ser electos, ya que esta representatividad les otorga a los funcionarios la potestad de gobernar en nombre de los ciudadanos, dicha facultad se convierte en “responsabilidad política de sus acciones”, la que se otorga con fecha de vencimiento al término del periodo legal para el que se fue electo.

En el concepto de república, de manera endémica se posee la división de poderes, los que se establecen como independientes el uno del otro, tienen como objetivo establecer un control cruzado para evitar los abusos de poder, es de este principio de control y accountability que los congresistas -el legislativo-, tienen la potestad constitucional de citar funcionarios públicos para que rindan cuentas de sus acciones. Es por este mismo principio que el congreso debe enviar leyes al presidente -el ejecutivo- para que pueda sancionar o vetar disposiciones legales.

También podemos visualizar en la coyuntura actual que serán las comisiones de postulación las que han designado profesionales del derecho para ocupar las distintas cortes del país, cortes que en su debido momento deberán ejercer justicia a “todos los guatemaltecos”, dicha designación por ley es realizada por el legislativo. Estos mecanismos de control cruzado son claves principales para el buen funcionamiento de una democracia republicana.

Es por ello, que hoy vemos a los actores políticos con intereses diversos tratando de interferir en la elección de las cortes, ya que dichos acuerdos políticos pueden generar detrimento en la independencia de poderes o en la persecución ilegal de los oponentes políticos, el fin de este control cruzado es fortalecer el estado de derecho, con transparencia, permitiendo a la sociedad obtener justicia cuando sus derechos sean agraviados.

Es por el principio de -accountability- que todos los actos de la función pública son públicos, con muy pocas excepciones legales, todos los actos de ministros, directores, congresistas, o empleados estatales pueden y deben ser objeto de escrutinio público, lo que nos permitirá conocer la eficiencia o negligencia de los funcionarios electos así como el de los trabajadores gubernamentales.

Uno de los mecanismos legales para lograr una cultura de rendición de cuentas lo encontramos en el Art. 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en la Ley de Libre Acceso a la Información, los que habilitan a los guatemaltecos a ejercer control sobre la función pública. Es por este principio que hoy podemos pedir ejecución transparente del presupuesto del Ministerio de Salud, de las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Comunicaciones o a cualquier institución que reciba algún aporte estatal.

También es sano que los ciudadanos puedan informarse objetivamente de fuentes confiables, ampliando su conocimiento del funcionamiento del estado, sobre las responsabilidades de sus gobernantes y de los mecanismos que hacen funcionar al aparato estatal, conociendo el contexto legal y la coyuntura actual el ciudadano estará mejor preparado para ejercer sus decisiones y juicios de valor sobre el manejo de la cosa pública.