Redacción
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Los diputados al Congreso de la República, amparados en el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala que determina que “ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito” deciden no acatar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad firmada por 3 de los 4 magistrados denunciados, debido a que se constituyen en juez y parte por lo tanto están violando el principio de imparcialidad.

Este día la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de tres horas al Congreso de la República para que les entregue la solicitud de retiro de antejuicio original interpuesta en contra de cuatro de sus magistrados, sin embargo, el Congreso de la República no envió tal documento a la Corte de Constitucionalidad.

La CC pretendía obtener el documento con una acción  de debida ejecutoria que presentaron la Procuraduría de los Derechos Humanos, Helen Mack y Acción Ciudadana, del amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad el pasado sábado.

Anoche la Corte dio ocho horas a la Corte Suprema de Justicia y Comisión Permanente del Congreso para que presentaran un informe circunstanciado respecto al traslado del expediente original. La Comisión Permanente en su informe dijo que no es posible entregar el original porque ya está en poder de la Comisión Pesquisidora.

Para el Congreso la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad, el sábado 27 de junio, es una afrenta al Estado de Derecho.

El abogado constitucionalista y actual Presidente del Tribunal de Honor del CANG, licenciado Erick Castillo, presento hoy lunes 29 de junio, un memorial donde se constituye como tercero interesado y le pide a la CC que revoque el amparo provisional que se otorgaron a su favor los magistrados antejuicioados, dado que no pueden ser juez y parte, pues con ello violan la Constitución.

¿Tienen responsabilidad los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por sus resoluciones?

El Magistrado y catedrático universitario Wilber Estuardo Castellanos Venegas, nos explica:

En la resolución emitida el 27 de junio de 2020 dentro de los amparos acumulados 2187-2020, 2189-2020 y 2190-2020 la Corte de Constitucionalidad sostiene que el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula que los Magistrados de dicho Tribunal "No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en  el  ejercicio  de  su cargo" lo que a su criterio significa que: "La prohibición a que  se refiere  el  artículo  167  EVITA  LA  PERSECUCIÓN  (penal,  civil  o  de  cualquier  otra índole)  dirigida  a  polemizar  sobre  el  criterio  judicial  emanado  en  una  sentencia dictada  por  la  Corte".

Es decir, según los Magistrados que integraron la Corte en la emisión de dicha resolución, poseen una especie de IRRESPONSABILIDAD LEGAL ABSOLUTA por las resoluciones que emitan sin importar lo que en ellas consideren, decidan u ordenen.

Por ejemplo, nada impediría que en una sentencia declararan que autorizan practicarle un aborto a una mujer (asesinando al bebé); o autorizar la celebración de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo (que actualmente está prohibido por nuestra ley); la experimentación médica practicada en seres humanos; el cierre de empresas que operan con la debida autorización (cómo ya lo han hecho en el caso de las minerías); la expropiación de empresas privadas por motivos ideológicos; etc.

Dicho criterio es la puerta al autoritarismo y la instauración formal de una dictadura del Tribunal Constitucional.

Aceptar su validez implica una abierta contradicción a lo dispuesto por los artículos 153 y 154 de nuestra Constitución, que constituyen el fundamento de un Estado de Derecho, en el que TODOS (gobernantes y gobernados) estamos sujetos a la ley, pues "El imperio de la ley se extiende a TODAS LAS PERSONAS que se encuentren en el territorio de la República" y "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, RESPONSABLES LEGALMENTE por su conducta oficial, SUJETOS A LA LEY y jamás superiores a ella".

Según los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad esa IMPUNIDAD absoluta que se han auto decretado, pretende evitar que sean objeto  de una indebida persecución,  por  haber expresado su  criterio una sentencia (riesgo que corren todos los jueces de la República), para lo cual nuestro ordenamiento precisamente establece el procedimiento de antejuicio, ya que es en dicho procedimiento en el cual la autoridad competente (y no los propios magistrados) quién debe determinar si los señalamientos que se les hacen se basan en motivaciones espurias, políticas o ilegítimas (rechazando en consecuencia la posibilidad de formarles causa penal) o bien, si existen hechos que puedan ser constitutivos de delito y que ameriten autorizar el inicio de la persecución penal.

En conclusión, no existe la menor duda conforme lo regulado en nuestra Constitución, que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (al igual que todas las personas) ESTÁN SUJETOS A LA LEY y POSEEN RESPONSABILIDAD por todos sus actos, lo que incluye las resoluciones que emitan. Así lo dispone expresamente el artículo 69 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que regula:

"Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten SERÁN RESPONSABLES con arreglo a la ley".

Aceptar la posibilidad de que existan personas sin ningún tipo de responsabilidad, constituye una seria afrenta al Estado de Derecho por el cual debemos luchar todos los días.