La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Doctora Consuelo Porras, brindó este día una conferencia de prensa para responder a las declaraciones de la ex Fiscal General Thelma Aldana a CNN.

La Doctora Consuelo Porras indica que la DEA, le informó oportunamente “sobre determinadas circunstancias del caso relacionado con el señor Mario Amílcar Estrada Orellana, aspectos que ya son parte de una investigación en el Ministerio Público; y dado que de conformidad con lo regulado en el artículo 55 de la ley contra la narcoactividad, es imperativo mantener en reserva las investigaciones de este tipo de delitos y no puedo en consecuencia dar mayores detalles” 

Aclaró que en la reunión donde me comunicaron las circunstancias del caso claramente le fue notificado que la DEA, conforme sus políticas institucionales, es la responsable de informar a las posibles víctimas conforme sus investigaciones sobre el riesgo que corrían, dado que se trata de una investigación realizada por autoridades de los Estados Unidos y de esa cuenta, el Ministerio Público procedió inmediatamente a brindarles protección conforme a la ley.

Consuelo Porras dijo que “sin embargo, ninguna de las personas mencionadas en dicha reunión de trabajo coincide con la señora Aldana Hernández, razón por la cual, lo manifestado por ella en la entrevista en cuanto a que se me haya informado y solicitado algún procedimiento ante un eventual atentado en su contra, carece de veracidad y no concuerda con lo realmente sucedido en la fecha mencionada durante la entrevista, respecto de la orden de captura girada en el año 2017 y ejecutada recientemente.

También dijo que “respecto de la declaración de la señora Aldana Hernández de haber solicitado cita con mi persona, para hacer de conocimiento que gozaba de medidas cautelares, así como en atención a lo públicamente expresado en cuanto a que me hizo saber que goza de las mismas; por este medio me permito expresar que la ex Fiscal General, como conocedora del derecho, sabe que la protección derivada de medidas cautelares corresponde al Estado de Guatemala, por medio de las autoridades en materia de seguridad y no al Ministerio Público otorgarlas. En este contexto, de conformidad con el acuerdo 80-2017, emitido el 31 de julio del 2017, por la propia señora Aldana Hernández cuando ejercía el cargo de Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público; ella goza de seguridad para su persona a través del apoyo de 28 agentes, 5 vehículos (de los cuales 3 son blindados), todos con combustible por tiempo indefinido y cuota ilimitada”.

Consuelo Porras lamentó que la ex Fiscal Aldana, "con el conocimiento con el que cuenta, utilice a los medios de comunicación en detrimento de la credibilidad de una institución técnica, seria y vital, para el mantenimiento de un estado democrático de derecho como lo es el Ministerio Público".

Además lamentó “la falta de veracidad en las diversas declaraciones que ella ha dado”, pues en un primer momento al salir del país antes de ser girada a la orden de captura en su contra la señora Aldana Hernández, habría manifestado que lo hacía por un compromiso previamente adquirido, indicando que regresaría en dos o tres días al país. Posteriormente, indicó que no regresaría derivado de la orden de captura en su contra, la cual calificó de ilegal, e indicó que no existían las garantías procesales para su regreso. Más tarde, en la entrevista expresó que los primeros días del mes de marzo fue informada de su posible atentado y que esa fue la razón de su salida y no regresó al país.

La Doctora Porras opina que estas diversas declaraciones, evidencian su falta de veracidad. Concluyó diciendo que “es importante indicar que se hace necesario que la señora Aldana Hernández comparezca personalmente ante el órgano jurisdiccional competente, que ha girado orden de captura en su contra, a denunciar su situación jurídica y si no está de acuerdo con las actuaciones dentro del proceso, que se haga presente para hacer uso de las vías legales correspondientes para manifestar su inconformidad, pues otro camino no contribuye al respeto de las resoluciones emitidas por un tribunal previamente establecido de conformidad con la ley”.