Para este día la Corte de Constitucionalidad podría resolver la situación de la candidata a la Presidencia Zury Rios. 

Durante la vista pública del caso, la defensa expuso que considera que esa prohibición es temporal y le aplica a los parientes de los jefes de estado o de los que asumieron el Gobierno en virtud de un golpe de estado, únicamente para el período siguiente de aquel, en que el jefe de Estado ocupó el cargo.

Roberto Molina Barreto nos explica que el último jefe de estado que tuvo Guatemala es Oscar Mejía Víctores, “quiere decir que cuando se abrió el primer proceso electoral que ganó Vinicio Cerezo, a los parientes de Mejía se les aplicó esa prohibición, pero no después; o sea, en periodos subsiguientes. Es por ello que se permitió la participación del hijo de Jacobo Arbenz, y también de Lionel Sisniega que era biznieto de justo Rufino Barrios. También está el caso del General Luis Ernesto Sosa Ávila, que fue cuñado del General Ríos Montt y participó en 1990 como candidato y nadie dijo que tenía esa prohibición. Porque ya en ese momento no estaba el Jefe de Estado ejerciendo el cargo”.

Barreto indica que manifestó los distintos métodos de interpretación Constitucional.  También exponen que si los magistrados no quieren utilizar los métodos académicos de interpretación Constitucional, y se quieren ir “a la letra muerta”, tampoco existe esa prohibición ya que la literal “C” del artículo 186, menciona un inciso del mismo artículo (186) que no existe, pues dice: “inciso primero” y lo que tiene este artículo, son literales a, b, c, d, e. Y no tiene incisos con numeral: Primero, segundo, tercero. “O sea, que si quieren ser muy formales de aplicar la ley tal cual se lee, tampoco existiría esa prohibición.

Zury Ríos considera que el Tribunal tendría que tomar en cuenta a los  tres candidatos del pasado, que sí pudieron participar. La mayoría del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diligenció en definitiva el  amparo a su favor, y está a la espera de lo que resuelva hoy la Corte de Constitucionalidad.