Los cargos presentados por EE.UU. contra un ejecutivo de Zoom destacan el problema tecnológico de China

La semana pasada el Departamento de Justicia de los Estados presentó una denuncia  y una orden de arresto del Tribunal Federal de Brooklyn en contra de  Xinjiang Jin, también conocido como “Julien Jin”, un ejecutivo de Zoom con sede en China por interrumpir las videoconferencias organizadas por usuarios de China que conmemoraron la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989.

Según lo informado por Estados Unidos, Jin está acusado de conspiración para cometer acoso interestatal y conspiración ilegal para transferir un medio de identificación. 

“Ninguna empresa con intereses comerciales importantes en China es inmune al poder coercitivo del Partido Comunista Chino”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers. “El Partido Comunista Chino utilizará a los que estén a su alcance para socavar el árbol de la libertad, sofocando la libertad de expresión en China, Estados Unidos y otros lugares sobre la represión del pueblo chino por parte del Partido. Para las empresas con operaciones en China, como esa aquí, esta realidad puede significar que los ejecutivos sean cooptados para una mayor actividad represiva en contra de los valores que han permitido que esa empresa prospere aquí”.

Denuncia presentada

Según la denuncia, Jin sirvió como enlace principal de la Compañía-1 con los servicios de inteligencia y aplicación de la ley de la República Popular China. En esa capacidad, respondió regularmente a las solicitudes del gobierno de la República Popular China para obtener información y para terminar las videoconferencias alojadas en la plataforma de comunicaciones por video de la Compañía-1. 

Parte de los deberes de Jin incluían proporcionar información al gobierno de la República Popular China sobre los usuarios y las reuniones de la Compañía-1 y, en algunos casos, proporcionó información, como direcciones de Protocolo de Internet, nombres y direcciones de correo electrónico, de usuarios ubicados fuera de la República Popular China. Jin también fue responsable de monitorear proactivamente la plataforma de comunicaciones por video de la Compañía-1 para lo que el gobierno de la República Popular China considera que son reuniones “ilegales” para discutir temas políticos y religiosos inaceptables para el Partido Comunista Chino (PCCh) y el gobierno de la República Popular China.

Investigadores y funcionarios del gobierno de EE. UU. Advirtieron que el gobierno chino podría exigir a los empleados de empresas estadounidenses con sede en China que entreguen datos de empresas privadas a Beijing. 

El panorama general

Este es precisamente el escenario que los analistas estadounidenses y los profesionales de seguridad nacional han advertido que podría suceder a las empresas tecnológicas estadounidenses con operaciones en China. Eso es porque las leyes de China exigen la cooperación y coordinación entre las empresas chinas y el gobierno chino.

  • Una ley de seguridad nacional de 2015 obliga a las personas y empresas a brindar asistencia al gobierno para “salvaguardar la seguridad nacional”, y una ley de 2017 requiere la cooperación del sector privado con los servicios de inteligencia de China.
  • Esto significa que la ley china requiere que los empleados locales ayuden con la información del gobierno y la censura, y que mantengan esa asistencia en secreto cuando la soliciten.

 

 


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