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Es necesario levantar la reserva en el caso Odebrecht, por la transparencia, el Estado de Derecho y la estabilidad nacional

por | 21 Jan 2023

El pasado lunes 16 de enero, el Ministerio Público de Guatemala a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hizo públicas las órdenes de captura contra varios guatemaltecos investigados por actos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Pero fueron las declaraciones del Fiscal Rafael Curruchiche, quien lidera la FECI anunciando que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez Gómez, ex comisionado de la extinta CICIG y Luz Adriana Camargo Garzón, también ex funcionaria de CICIG por “actos ilegales, arbitrarios y abusivos” cometidos contra guatemaltecos durante su gestión frente a aquella comisión, las que han causado un revuelo internacional y el alineamiento y coordinación de un ataque mediático perverso en contra de Guatemala por parte de actores, instituciones y medios alineados con la izquierda radical internacional. Estos ataques, política e ideológicamente motivados, pero legalmente infundados, hacen pensar que la famosa lucha internacional contra la corrupción y por el ESTADO DE DERECHO nunca fue un verdadero esfuerzo en bien de la sociedad, pero es en realidad una herramienta de guerra política al servicio de la izquierda internacional y sus actores alrededor del mundo. Ante esto, por la estabilidad y la reputación internacional de Guatemala, se vuelve imperativo levantar la reserva del caso Odebrecht y que se hagan públicas las evidencias.

Al igual que cualquier otro país soberano, independiente y digno, Guatemala merece respeto y como Estado tiene la obligación, respaldada por su propia Constitución Política, de defenderse de cualquier tipo de agravio. Los ataques coordinados en contra de Guatemala y el Ministerio Público, incluyendo ataques de índole racista en contra del Fiscal Curruchiche, son un ataque directo a la independencia de nuestro sistema judicial, pero también a nuestra soberanía y dignidad como nación. La independencia del poder judicial es un aspecto fundamental en cualquier democracia, y fue uno de los principales supuestos objetivos de la CICIG, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Estado Unidos (y su Departamento de Estado), la Unión Europea y demás financistas de ese fallido proyecto de colonialismo judicial. Sin embargo, al no estar subyugado el Ministerio Público por la CICIG-EEUU-ONU-UE y sus agendas ideológicas, la narrativa coordinada por ellos mismos se convirtió entonces de que la justicia guatemalteca solo fue independiente mientras [ellos] la controlaban. ¡Qué dicotómico, hipócrita y descarado!

Cualquier ciudadano guatemalteco honrado y decente, comprende que la independencia judicial garantiza que la justicia actúe imparcialmente, sin corrupción y sin prejuicios. En teoría era la razón por la que el proyecto CICIG contaba con tanto apoyo, pero ese apoyo mayoritario se perdió conforme se fue evidenciando el actuar politizado de Iván Velásquez y de los guatemaltecos que se sometieron a su voluntad. Hoy por hoy en Guatemala, quienes aún les apoyan ciegamente son los pocos actores de izquierda, del globalismo liberal y sus cajas de resonancia de los medios que prostituyeron su objetividad periodística por dinero o por el miedo a ser investigados. ¿Por qué los países, entidades y operadores que crearon, financiaron y manejaron CICIG se oponen en forma tan fanática a que se transparente y se rindan cuentas de todo el actuar de CICIG, Iván Velásquez Gómez, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, y otros? ¿Por qué se busca impunidad para todos estos individuos a pesar de que la erradicación de la impunidad y la justicia cooptada era por lo que luchaban? Esta búsqueda de exención de responsabilidad y posible impunidad para todos estos personajes va en contra de lo que CICIG, Estados Unidos y su Departamento de Estado, la ONU y la Unión Europea promovieron por más de diez años en Guatemala y únicamente ayuda a confirmar que la CICIG fue un proyecto de colonialismo judicial y control geopolítico para someter la soberanía de Guatemala a poderes extranjeros. Irónicamente, conforme el Ministerio Público, hoy liderado por la Dra. María Consuelo Porras, reabre y vuelve a investigar los casos por corrupción iniciados y liderados por la entonces CICIG de Iván Velásquez, aumenta el ataque internacional contra Guatemala y el MP. La defensa mediática hacia el ex comisionado Iván Velásquez Gómez, Thelma Aldana y Luz Camargo, entre otros, se vuelve más oficiosa e irracional. Estos ataques son un problema serio y trascendental que no debe tomarse a la ligera ya que amenaza la integridad institucional del Ministerio Público, así como la imagen y posición de Guatemala a nivel internacional.

Es importante tener en cuenta que estos ataques y defensa oficiosa de los operadores de la izquierda no es un problema exclusivo de Guatemala. La izquierda internacional coordinada, es conocida por atacar mediática, política, diplomática y económicamente a países y a sus instituciones que no se alinean con su ideología y proyectos radicales de rediseño de las sociedades. Utilizan sus plataformas mediáticas y redes de periodistas y analistas políticos para difundir información falsa e información errónea con el objetivo de desacreditar y socavar a estos países.

Guatemala debe tomar una posición firme y digna contra este ataque internacional mediático coordinado. El Estado debe esforzarse más para defender la independencia de su sistema judicial proporcionando información precisa y fiable para contrarrestar las narrativas falsas que se están difundiendo por todo el mundo y que podrían llegar a afectar incluso las calificaciones de riesgo país, condiciones de préstamos y cooperación internacional. Una forma de hacerlo en forma inmediata es aumentando la transparencia de los casos específicos que afectan la credibilidad del MP y del Estado de Guatemala. Esto permitirá que la comunidad nacional e internacional pueda corroborar que el sistema está funcionando como debe. Guatemala también debe trabajar con otros países de la región para combatir este ataque mediático coordinado. Esto puede incluir compartir información y estrategias sobre cómo contrarrestar falsas narrativas, acusaciones reputacionales falsas y señalamientos espurios.

El Estado de Guatemala está obligado a defender proactivamente la independencia de su sistema judicial y su soberanía contra este ataque mediático coordinado por parte de la izquierda internacional y de sus actores en todo el hemisferio occidental. La forma más contundente y efectiva de hacerlo es buscando que se levante la reserva impuesta sobre todos los casos en cuestión y que se muestre al mundo las evidencias que hay en contra de todos los actores, nacionales y extranjeros, con o sin inmunidad, que se sospecha cometieron crímenes y que en forma criminal sometieron a la justicia guatemalteca a su ideología y proyectos políticos.

Todos los guatemaltecos, periodistas, analistas y la comunidad internacional deberían apoyar esta muestra de absoluta transparencia y así demostrar que la lucha contra la impunidad y por el Estado de Derecho era real y no solo un eslogan para esconder una herramienta de persecución política y sometimiento judicial. Oponerse a que todos seamos iguales ante la ley y oponerse a que se transparenten los casos judiciales es estar a favor de la corrupción.

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