Una burla a la democracia – Editorial

La reciente aprobación de reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada por parte de 127 diputados del Congreso guatemalteco ha encendido alarmas en distintos sectores del país. Bajo el argumento de fortalecer la democracia, esta medida ha sido señalada por abrir la puerta a prácticas peligrosas, como el uso de partidos políticos para el lavado de dinero. Este giro legislativo pone en evidencia la fragilidad del sistema democrático y judicial de Guatemala, y plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de estas decisiones.

Desde su creación en 2006, la Ley Contra el Crimen Organizado ha sido un pilar de la “Lucha contra la corrupción”, apoyada tanto por actores internacionales como por organizaciones locales. En 2009, gracias a la presión de la CICIG y otros grupos de la sociedad civil, esta legislación fue reformada para fortalecer sus mecanismos. Sin embargo, el actual uso político de esta ley, especialmente en el contexto del Movimiento Semilla, refleja una alarmante instrumentalización de la normativa para fines arbitrarios, lo que supone un retroceso significativo en los avances democráticos de las últimas dos décadas.

La reciente decisión del Congreso, aunque se presenta como un avance democrático, está empañada por denuncias y controversias que cuestionan la transparencia y la legitimidad del proceso. Si bien la presión internacional ha sido clave para evitar un descalabro institucional, esta no puede sustituir el papel de los ciudadanos en exigir cuentas claras a sus representantes. Así mismo el uso de consignas narrativas para justificar reformas legislativas es un riesgo que debe ser evaluado con seriedad.

Las elecciones de 2023 fueron vistas como un hito para la democracia guatemalteca, marcando un cambio en el panorama político. Sin embargo, las acciones recientes del Congreso muestran que las prácticas de manipulación y prácticas cuestionables de negociación persisten, que a menudo se presentan disfrazadas de reformas necesarias. La aparente contradicción entre la defensa de la democracia y la promoción de cambios que podrían socavarla plantea dudas sobre el compromiso de los actores políticos con los genuinos principios democráticos.

En este contexto, es esencial que la ciudadanía guatemalteca se mantenga alerta y demande la aplicación efectiva y justa de las leyes. Más allá de los discursos oficiales, la integridad de la democracia depende de que el Congreso sea un espacio que priorice el interés público por encima de intereses particulares. Las reformas legislativas deben ser coherentes con los principios democráticos y no excusas para justificar acciones arbitrarias.