El oficialismo de Semilla, retrocede al país en lucha contra la corrupción y en libertad de expresión

En un contexto marcado por alta polarización y enfrentamiento político, el oficialismo presenta en diferentes tonos indefinibles, el Ejecutivo marca un punto parte de aguas promoviendo polémicas reformas como la del Acuerdo Gubernativo 189-2024, que modifica la estructura de la CODISRA con el supuesto objetivo de prevenir la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas. Sin embargo, este cambio introduce la posibilidad de monitorear publicaciones en los medios de comunicación, lo que constituye un ataque directo a la libre emisión del pensamiento. Esta vigilancia podría dar lugar a represalias legales contra opiniones disidentes, erosionando así uno de los derechos fundamentales en cualquier democracia.

Así mismo, las votaciones sorpresivas y negociaciones controvertidas lideradas por el oficialismo en el Congreso de la República, ha conseguido aprobar una serie de iniciativas que generan dudas sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Con el oficialismo adelantándose a la oposición, incluso contradiciendo sus propios discursos, surgen especulaciones sobre los términos y acuerdos que permitieron la aprobación de estas medidas en el hemiciclo, dejando un panorama de incertidumbre democrática.

Otro punto de controversia gira en torno a la aprobación del Presupuesto de la Nación, el más elevado en la historia del país, que será financiado principalmente a través de deuda pública. Este endeudamiento no solo compromete la sostenibilidad financiera, sino que también podría generar medidas impositivas que afecten directamente a la población. Además, se ha señalado que la negociación incluyó un aumento salarial para los diputados, oculto bajo la aprobación de un financiamiento para nuevas instalaciones del Congreso, y la aprobación de la llamada “Ley del Agro”, que abre puertas a la evasión fiscal y al lavado de dinero en el sector agropecuario.

En paralelo, el Congreso aprobó una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), que excluye a los partidos políticos de sus disposiciones. Este cambio representa un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, debilitando las instituciones responsables de garantizar el estado de derecho. Sorprendentemente, este tema ha generado escasa reacción por parte de diversos sectores, pese a que atenta contra los principios de justicia y transparencia electoral.

La LCDO, diseñada para combatir estructuras criminales transnacionales, está alineada con compromisos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Contra la Corrupción.as Naciones Unidas respondieron con la creación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUCDO) y la Convención contra la Corrupción (CNUCC) la cual según el artículo 34, cada Estado parte debe adoptar, en consonancia con sus principios legales internos, las medidas necesarias, ya sean legislativas o administrativas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención, al excluir a los partidos políticos de estas disposiciones, se crea un vacío legal que facilita la infiltración de estructuras criminales en el sistema político y compromete los compromisos internacionales del país.

La reforma carece de sustento constitucional, ya que la Constitución y las convenciones internacionales no prevén excepciones para ninguna persona jurídica, incluidos los partidos políticos. Incluso la Corte de Constitucionalidad ha avalado la posibilidad de suspender la personalidad jurídica de organizaciones políticas implicadas en actividades ilícitas. Sin embargo, con esta reforma, se otorgan privilegios injustificados a los partidos, favoreciendo la impunidad y socavando la legitimidad de los procesos democráticos.

Este panorama plantea un grave riesgo para Guatemala. Al modificar las leyes para blindar a los actores políticos de investigaciones por delitos graves, el Congreso no solamente consolida la corrupción, sino que también debilita las herramientas legales necesarias para combatir el crimen organizado. Si no se cuestionan estas decisiones, el país podría enfrentarse a una erosión irreversible de su democracia, donde la impunidad y los intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo.