Derechos laborales para migrantes en Estados Unidos: promesas y desafíos

Miles de trabajadores migrantes llegan a Estados Unidos cada año con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Programas como el de visas H-2A, destinado al sector agrícola, representan una oportunidad para aumentar ingresos de forma significativa. Sin embargo, muchos enfrentan abusos laborales, robo de salarios y amenazas que rara vez denuncian por temor a represalias. Aunque los derechos laborales de los migrantes están claramente establecidos, la realidad muchas veces no cumple con lo prometido.

Más de 2.4 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son migrantes, y alrededor del 36% no cuentan con un estatus migratorio regular, según Farmworker Justice. En 2022, el país recibió 300,000 trabajadores temporales con visas H-2A, quienes en promedio ganaron $12,500 por contratos de seis meses.

Estas cifras, proporcionadas por el Instituto de Política Económica (EPI), representan hasta 10 veces lo que un trabajador agrícola podría ganar en México, convirtiendo estos programas en una puerta de oportunidad. Sin embargo, muchos enfrentan cobros indebidos de “comisiones” de hasta $1,000 para asegurar sus contratos, según Labor Mobility Partnerships (LaMP).

¿Dónde está el problema?

No solo los agricultores enfrentan estas problemáticas. Casos recientes revelan que ingenieros contratados bajo visas TN para trabajos especializados fueron obligados a realizar tareas manuales en condiciones laborales precarias. La fragmentación en el proceso de contratación y la falta de regulación de intermediarios fomentan un ambiente propenso a la explotación. La protección de derechos laborales migrantes parece ausente en muchos casos.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

En 2023, el Departamento de Trabajo implementó nuevas reglas para proteger a los trabajadores temporales, incluyendo el derecho a organizarse y denunciar abusos sin represalias. Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció reformas en los programas de visas H-2, que entrarán en vigor durante el mes de enero 2025. Estas medidas incluyen:

• Cambios inmediatos de empleador sin esperar aprobación.
• Períodos de gracia ampliados a 60 días tras finalizar un contrato.
• Eliminación de restricciones por nacionalidad.

Derechos laborales básicos para migrantes:

• Salario justo: Pago del salario mínimo federal ($7.25/hora) o estatal, según corresponda.
• Condiciones seguras: Cumplimiento con la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).
• Protección contra discriminación: Prohibición de discriminación por raza, género o estatus migratorio. Derechos laborales migrantes son esenciales para protegerlos.
• Pago de horas extras: Tiempo y medio para jornadas que excedan 40 horas semanales.
• Derecho a organizarse: Libertad de formar o unirse a sindicatos.
• Denunciar sin represalias: Protección ante cualquier represalia por quejas o denuncias.
• Información clara: Explicación detallada de condiciones laborales en un idioma comprensible.
• Protección contra explotación: Prohibición de retención de documentos o cobros indebidos.
• Períodos de gracia extendidos: Hasta 60 días para buscar empleo tras finalizar un contrato.
• Flexibilidad laboral: Cambio de empleador sin demoras.

La migración laboral sostiene sectores esenciales como la agricultura y la construcción. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estados Unidos es uno de los principales destinos para los 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo. Garantizar el cumplimiento de estos derechos es clave para evitar la explotación de una fuerza laboral vital. Los derechos laborales migrantes son fundamentales para esta protección.

¿Desafío?

El desafío ahora es garantizar que estas reformas no solo se queden en papel. Para los millones de trabajadores migrantes, cada contrato representa una oportunidad, pero también un riesgo. Como dice Kim Geronimo, especialista en movilidad laboral: “El verdadero cambio llegará cuando los trabajadores sepan que tienen el poder de exigir sus derechos laborales migrantes sin miedo.”