4 acciones de inconstitucionalidades al presupuesto 2025 pendientes en la CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala tiene en sus manos cuatro acciones de inconstitucionalidad contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025. Las demandas cuestionan, en su totalidad o parcialmente, el decreto 36-2024, aprobado el 27 de noviembre de 2024 por un monto total de Q148,526 millones y vigente desde el 1 de enero del presente año.

4 acciones presentadas

El 1 de enero, tres abogados interpusieron una acción que argumenta asignaciones presupuestarias contrarias a la Constitución, afectando a instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y las municipalidades.

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Días después, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó una acción parcial, señalando incumplimientos legales en la distribución de recursos. El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) también interpuso una acción que califica al presupuesto como inconstitucional en su totalidad, mencionando asignaciones insuficientes para entidades educativas, deportivas y municipales.

Finalmente, una cuarta acción fue registrada el 20 de enero, ampliando el debate jurídico sobre la constitucionalidad del presupuesto.

Estado de los expedientes

Los informes técnicos ya están listos, pero para resolver estas acciones, la CC debe integrar un pleno de siete magistrados, incluyendo titulares y suplentes seleccionados por sorteo. Sin embargo, los expedientes aún no han sido incluidos en las agendas plenarias por el presidente de la CC, Nester Vásquez, lo que mantiene en pausa las posibles resoluciones sobre suspensiones provisionales.

Integraciones relevantes

• Expediente 1-2025 (Abogados): Rony López y Juan José Samayoa.
• Expediente 44-2025 (Cedecon): Claudia Paniagua y Walter Jiménez Texaj.
• Expediente 46-2025 (Cacif): Walter Jiménez Texaj y Luis Rosales Marroquín.
• Expediente 57-2025: Claudia Paniagua y Juan José Samayoa.

Los argumentos

Los demandantes coinciden en que las asignaciones presupuestarias no cumplen con los principios de distribución equitativa y transparencia establecidos en la Constitución de la República. Además, señalan que las disposiciones afectan el correcto funcionamiento de instituciones clave para el desarrollo del país.