Los bloqueos viales: una amenaza estructural para Guatemala – Editorial

Los bloqueos viales y las manifestaciones incontroladas en Guatemala han dejado de ser incidentes aislados para transformarse en una amenaza estructural que pone en riesgo la estabilidad política, la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico del país. La administración de Bernardo Arévalo ha mostrado una alarmante incapacidad para gestionar el orden público, una inacción que, lejos de ser neutral, debilita el Estado de derecho y mina la autoridad institucional.

La pasividad del Ejecutivo frente a la crisis actual no solo incentiva prácticas ilegales, sino que también compromete seriamente la legitimidad del aparato estatal. Al subestimar las consecuencias de los bloqueos y sobrestimar su capital político, el Gobierno profundiza una crisis de gobernabilidad que amenaza con deteriorar aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas y la cohesión social que sostiene la paz en el país.

Desde una perspectiva económica, los efectos de los bloqueos son devastadores. Datos de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín revelan que las ventas de sectores estratégicos cayeron más del 60% durante los bloqueos de octubre. La parálisis de la actividad productiva no solo implica pérdidas inmediatas, sino que tiene un impacto multiplicador negativo en el empleo, la inversión privada y la recaudación fiscal, erosionando las bases de la prosperidad nacional.

A esta grave afectación económica se suma una creciente crisis de desabastecimiento de insumos esenciales, el aumento de precios de bienes de primera necesidad y el deterioro de la infraestructura logística. Si estos fenómenos persisten, el país se enfrentará a una contracción económica prolongada, con efectos adversos en las tasas de crecimiento, el acceso al crédito y la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

Más allá del impacto económico, los bloqueos han generado tensiones crecientes entre comunidades, agravando la inseguridad en las rutas y profundizando las divisiones sociales. La falta de una estrategia gubernamental efectiva para garantizar el libre tránsito y la seguridad interna no solo vulnera derechos fundamentales, como el de la libre locomoción y la propiedad privada, sino que también alienta nuevas formas de ilegalidad y violencia.

La comparación histórica resulta alarmante: la conflictividad social bajo la administración Arévalo ya supera los niveles registrados durante los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. La omisión sistemática del Ejecutivo representa una violación implícita a su obligación constitucional de proteger el orden público y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

Guatemala no puede permitirse continuar bajo un modelo de gobernanza basado en la permisividad y la negligencia. Es urgente recuperar el principio de autoridad legítima, asegurar el cumplimiento efectivo de la ley y restablecer las condiciones básicas necesarias para el crecimiento económico, la seguridad y la estabilidad democrática.

La ciudadanía debe exigir un cambio de rumbo inmediato. Solo un gobierno que ejerza plenamente su autoridad, respete el orden jurídico y promueva un entorno seguro y productivo podrá revertir la grave erosión institucional y económica que hoy amenaza el futuro de Guatemala.