¿La Constitución en juego? CC frena decisión del Gobierno sobre el artículo 27 de la Convención de Viena

La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender de forma provisional el Acuerdo Gubernativo 65-2025, emitido por el presidente Bernardo Arévalo, que ordenaba retirar la reserva de Guatemala al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El tema ha provocado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho internacional y la soberanía constitucional del país.

El artículo 27 de la Convención de Viena establece que un país no puede usar su legislación interna, incluida su Constitución, como excusa para no cumplir un tratado internacional. En 1997, el gobierno de Álvaro Arzú impuso una reserva a este artículo, afirmando que la Constitución guatemalteca estaría por encima de cualquier tratado internacional. Esta postura buscaba proteger la soberanía nacional frente a compromisos exteriores.

El pasado marzo de 2025, el presidente Arévalo firmó un acuerdo para retirar esa reserva, alegando que ya no era necesaria y que Guatemala debía alinearse con el cumplimiento pleno del derecho internacional.

La Corte de Constitucionalidad intervino el 20 de mayo de 2025, otorgando un amparo provisional que deja en suspenso el acuerdo presidencial. Según la CC, el Ejecutivo no puede, por sí solo, eliminar una reserva que afecta la supremacía constitucional, sin pasar por el Congreso de la República ni respetar los procedimientos que la Constitución exige.

Además, la Corte ordenó al Gobierno notificar de inmediato a la Organización de las Naciones Unidas que la reserva sigue vigente hasta que se resuelva el tema de fondo.

¿Qué dice la Constitución?

Expertos señalan que la Constitución de 1985 ya contempla una protección clara frente a tratados que puedan contradecirla. El artículo 46, por ejemplo, otorga primacía a los tratados de derechos humanos sobre la ley ordinaria, pero no sobre la Constitución misma. A esto se suman los artículos 44, 175 y 204, que refuerzan la supremacía de la Carta Magna guatemalteca.

¿Qué opinan los expertos?

En entrevista con Centra News, el abogado constitucionalista y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, Guillermo Pellecer Robles, expresó su preocupación por la forma en que el Ejecutivo intentó retirar la reserva:

“El presidente no puede quitar esa reserva con solo un acuerdo. Eso tiene que pasar por el Congreso y con mayoría calificada. Se está violando la Constitución, y eso no puede permitirse”, afirmó.

Pellecer explicó que los tratados internacionales son importantes, pero tienen límites:

“Solo en temas de derechos humanos individuales se puede hablar de cierta prioridad sobre la ley. Pero ningún tratado debe estar por encima de la Constitución. Eso sería entregar nuestra soberanía”, indicó.

Además, advirtió sobre las consecuencias de este tipo de decisiones:

“Esto puede afectar la vida de los guatemaltecos, sus derechos y su propiedad. No es solo un tema jurídico; es político y social también. El pueblo debe estar informado y representado.”

¿Por qué importa?

El retiro de la reserva al artículo 27 implicaría que Guatemala acepte plenamente que sus compromisos internacionales estén por encima de su Constitución. Para algunos, esto sería una señal de apertura y modernización legal; para otros, una amenaza directa a la soberanía nacional.

La decisión de la CC detuvo temporalmente este cambio, pero dejó abierta la discusión legal y política de fondo. Mientras tanto, organizaciones como CEDECON, cámaras empresariales y juristas han respaldado la resolución de la Corte, resaltando la importancia de seguir los cauces constitucionales.

Por ahora, la reserva sigue vigente, y será la Corte de Constitucionalidad quien determine de forma definitiva si se puede retirar o no. El caso se convierte en un precedente clave sobre la relación entre el derecho internacional y el orden interno en Guatemala.

En palabras de Pellecer Robles:

“Los tratados se firman de buena fe, pero jamás deben usarse para debilitar la Constitución. Lo que estamos viendo es un intento de alterar el equilibrio de poderes, y eso no lo podemos permitir.”