Política en Guatemala
Ordenan captura de excomisionado de CICIG y exfiscales por caso Odebrecht
La justicia guatemalteca ordena la captura del exjefe de la CICIG, Iván Velásquez, y exfiscales por presuntos vínculos en el caso Odebrecht.
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió admitir una acción interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, lo cual derivó en nuevas órdenes de captura y declaraciones de rebeldía contra exfuncionarios nacionales e internacionales.
Entre los señalados se encuentra el excomisionado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, quien actualmente ejerce funciones como ministro de Defensa de Colombia. También se giró orden de aprehensión contra la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo. Ambas acciones fueron solicitadas por la FECI, que atribuye a estos funcionarios haber liderado una supuesta red criminal relacionada con actos de corrupción durante las investigaciones por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.
Además, la Sala declaró en situación de rebeldía a exautoridades del Ministerio Público guatemalteco, entre ellas la exfiscal general Thelma Aldana, la exsecretaria general Mayra Véliz, el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y la exfiscal Eva Siomara Sosa.
Para comprender el caso
El caso Odebrecht en Guatemala forma parte de una investigación de alcance internacional sobre sobornos entregados por la empresa brasileña en al menos 12 países de América Latina. En el país centroamericano, los señalamientos están vinculados a contratos de infraestructura y pagos ilícitos a funcionarios públicos.
El Ministerio Público asegura que, mediante la creación de empresas de cartón, se facilitó el flujo de dinero proveniente de la constructora para el pago de comisiones ilegales. Durante una fase reciente de la investigación, la FECI reportó la captura del abogado Roberto Sánchez, sindicado de asociación ilícita y falsedad ideológica.
En mayo de este año, seis personas más fueron citadas ante el Juzgado de Mayor Riesgo “D” para brindar su primera declaración en relación con estos hechos.
El jefe actual de la FECI, Rafael Curruchiche, calificó esta fase de la investigación como determinante para establecer la existencia de una red encabezada presuntamente por Velásquez y Sandoval. Según el fiscal, estos actores “instrumentalizaron la justicia” para encubrir estructuras de corrupción dentro del país.
Reacciones y tensiones diplomáticas
La decisión judicial ha generado reacciones a nivel internacional, especialmente tras conocerse que uno de los señalados ocupa actualmente un cargo ministerial en el gobierno colombiano. Iván Velásquez reaccionó a través de la red social X (antes Twitter), calificando las acciones de la fiscalía como una “persecución política” impulsada por figuras sancionadas internacionalmente.
En su publicación, Velásquez señaló: “La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, respondió también en redes sociales. En un mensaje publicado desde su cuenta oficial, se refirió a Velásquez como “prófugo” y aseguró que “traicionó la confianza del Departamento de Estado, de la ONU y del pueblo de Guatemala”.
“Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar”, concluyó la fiscal general, reiterando que el Ministerio Público continuará con las diligencias judiciales necesarias.
Historial judicial del caso
En julio de 2019, un tribunal guatemalteco dictó condenas contra tres personas cercanas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y al excandidato presidencial Manuel Baldizón, por su presunta participación en la recepción de sobornos.
El caso ha sido considerado como parte de la red internacional conocida como “Lava Jato”, que expuso pagos ilegales realizados por Odebrecht a cambio de contratos públicos en varios países.
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