Dirigentes del STEG sancionados por desobedecer orden judicial que protegía el derecho a la educación

Por desacatar una orden judicial que exigía cesar medidas que afectaban el desarrollo del ciclo escolar, 863 integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), entre ellos miembros del Comité Ejecutivo Nacional liderado por Joviel Acevedo, así como dirigentes seccionales y subseccionales, fueron sancionados con multas económicas impuestas por un juzgado de trabajo.

La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, luego de que el sindicato incumpliera una orden judicial previa que les exigía cesar las medidas que limitaban el acceso a la educación pública.

Según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN), la multa impuesta asciende a Q4,000 por cada dirigente, lo que representa un total aproximado de Q3.45 millones. Los sancionados tienen un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la firmeza del fallo, para efectuar el pago ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y deberán presentar copia del recibo ante la judicatura correspondiente como constancia del cumplimiento.

Antecedentes del amparo

La sanción surge a raíz de un amparo otorgado el pasado 23 de junio, que atendía una acción promovida por la PGN ante la suspensión de clases en escuelas públicas. El Juzgado Quinto consideró que dicha suspensión vulneraba el derecho constitucional a la educación y limitaba el cumplimiento del deber estatal de garantizar este derecho.

Como medida correctiva, la judicatura ordenó al Comité Ejecutivo del STEG y a sus representaciones locales cesar inmediatamente la convocatoria a la denominada “Asamblea Permanente”, en vigor desde el 19 de mayo. Esta figura no está contemplada en la legislación nacional y, de acuerdo con el fallo, afectó el acceso a la educación de niños, adolescentes y jóvenes del sistema público.

La resolución también instruía al STEG a informar a los directores escolares que dicha convocatoria quedaba sin efecto, y presentar las pruebas documentales correspondientes del retiro de la medida. Sin embargo, el sindicato no acató la orden, lo que derivó en la imposición de las multas y la certificación de lo conducente al Ministerio Público (MP) para investigar posibles responsabilidades penales.

Querella penal contra Joviel Acevedo y otros dirigentes

De forma paralela, diputados del bloque oficialista Movimiento Semilla —Andrea Reyes, Samuel Pérez, Luis Cáceres y Mercedes Monzón— presentaron el 17 de julio una querella penal contra el dirigente Joviel Acevedo y otros miembros del sindicato.

Durante una conferencia de prensa, los legisladores señalaron que las acciones del STEG entre el 26 de mayo y el 15 de julio podrían constituir varios delitos, entre ellos usurpación agravada, contaminación ambiental y depredación de bienes culturales.

La querella fue planteada ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en busca de que se investigue el uso de espacios públicos sin autorización, así como los daños causados en infraestructura estatal.

Medidas de hecho persisten

A pesar de los fallos judiciales y la acción penal en curso, el STEG ha mantenido su postura. Las medidas impulsadas por el sindicato incluyen bloqueos carreteros, paros laborales, manifestaciones masivas y la instalación de un campamento frente al Palacio Nacional de la Cultura, que fue desmantelado por las autoridades el pasado martes 15 de julio.

El sindicato ha reiterado que su objetivo es presionar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo para concretar la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, documento que lleva meses en discusión y que ha sido uno de los ejes centrales de sus demandas.