Traslado de Juzgado de Extorsiones a zona 9 genera rechazo entre vecinos, comerciantes y empresarios

El reciente anuncio del traslado de los Juzgados de Primera Instancia Penal en Materia de Extorsiones a la zona 9 capitalina ha provocado un fuerte rechazo por parte de vecinos, comerciantes, asociaciones comunitarias y representantes del sector privado, quienes advierten que la medida pone en riesgo la seguridad, la inversión y el desarrollo de una de las zonas más activas y modernizadas de la ciudad.

La Cámara de Comercio de Guatemala, junto con el alcalde auxiliar de la zona 9, Emilio Vargas, enviaron un oficio conjunto a la Dirección de Control Territorial de la Municipalidad solicitando información detallada sobre el proceso. Entre las principales dudas planteadas están:

• ¿El inmueble ubicado en 4ta avenida 13-16, zona 9, cuenta con autorización formal para albergar un juzgado de este tipo?
• ¿Se realizó el trámite de cambio de uso de suelo?
• ¿Existe un estudio de impacto vial, considerando que la 13 calle es una arteria de alto tráfico hacia el bulevar Liberación?

La solicitud fue recibida por la Municipalidad el pasado 14 de julio de 2025, pero hasta el momento no se ha emitido una respuesta pública.

¿Por qué preocupa el traslado?

Los habitantes y empresarios de la zona aseguran que el área ha sido durante años un eje de transformación urbana.

“La zona 9 se ha convertido en un punto estratégico con desarrollo habitacional, edificios de apartamentos de alto valor y comercios establecidos que generan empleo. Traer aquí un juzgado de extorsiones es una amenaza directa para todos”, expresó un representante empresarial durante una conversación con este medio.

Además, denuncian que en los alrededores del inmueble designado ya se han reportado asaltos en kioscos y comercios. “Uno de nuestros choferes fue testigo de cómo asaltaron a varias personas justo frente al predio. Nadie se atreve a hablar por miedo, pero la inseguridad es real”, comentó.

La presencia de un juzgado enfocado en delitos de extorsión genera preocupación por la posible afluencia de pandilleros, criminales procesados y víctimas, lo cual, afirman, pondría en riesgo a residentes, trabajadores y visitantes. También advierten sobre un potencial caos vehicular en una calle ya congestionada.

¿Qué dice el Organismo Judicial?

En un oficio firmado por el Dr. Teódulo Cifuentes Ramírez, magistrado de la Cámara Penal del Organismo Judicial, se confirma que la entidad ya aprobó el traslado del juzgado, como parte de una estrategia institucional. Sin embargo, el documento no menciona si se hicieron consultas ciudadanas, estudios urbanísticos o coordinaciones con la Municipalidad para validar si el sitio es apto para esta función.

La decisión ha causado incomodidad entre sectores organizados. Según testimonios recopilados, ya se ha contactado al Ministro de Gobernación y al Viceministro de Seguridad, quienes se reunirán en los próximos días con los vecinos y empresarios inconformes. También se ha sumado el respaldo de la colectividad judía guatemalteca y diversas asociaciones de la zona.

¿Qué piden los ciudadanos?

Los colectivos que se oponen al traslado no descartan acciones legales o protestas formales, pero por ahora se enfocan en buscar respuestas y detener lo que consideran una decisión “injustificada y peligrosa”. Piden a las autoridades realizar estudios técnicos serios, procesos participativos y transparencia en las decisiones que afectan a comunidades enteras.

“Esta no es una zona cualquiera. Es un símbolo de recuperación urbana y convivencia. No queremos que el miedo se instale donde antes había progreso”, sentenció uno de los comerciantes consultados.

Por ahora, el traslado sigue en pie, pero la presión ciudadana crece. Mientras tanto, los vecinos de zona 9 exigen algo sencillo: que se les escuche antes de que la decisión esté sellada.