Semilla busca retroceder en la lucha contra la corrupción. “La trampa en la iniciativa de ley 6576” – Editorial

La recién presentada iniciativa de ley 6576, que busca permitir contrataciones directas en el Estado durante un período de tres años, ha generado una fuerte controversia en distintos sectores del país. Aunque su objetivo declarado es agilizar la inversión pública para atender necesidades urgentes en salud, infraestructura y educación, el verdadero trasfondo de la propuesta merece una evaluación crítica, especialmente desde una visión que defiende el fortalecimiento institucional, el respeto a la ley y la transparencia como pilares esenciales de una república funcional.

Lo primero que salta a la vista es la peligrosa concentración de poder que esta ley propone, al permitir que múltiples entidades como ministerios, municipalidades y los Codedes, puedan adjudicar contratos sin el proceso competitivo de licitación pública. Esta disposición rompe con las garantías mínimas de transparencia, control y rendición de cuentas que el país ha tardado décadas en construir. Si bien se habla de controles posteriores y fiscalización, permitir la ejecución de contratos sin competencia efectiva equivale a abrir una puerta peligrosa al clientelismo y al uso político del presupuesto.

Distintos sectores organizados de la iniciativa privada, como el CACIF y la Cámara del Agro, han manifestado su rechazo, señalando que esta ley abre una peligrosa rendija para la discrecionalidad y el uso arbitrario de fondos públicos. Las observaciones no responden a un ánimo de frenar el desarrollo, sino a la legítima preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho. Bajo en entendido que una inversión pública efectiva no se consigue suprimiendo los controles, sino perfeccionando los mecanismos existentes para que el gasto público llegue a donde debe, sin desvíos ni privilegios.

Por su parte, varias organizaciones de sociedad civil han alertado que el diseño del Fondo de Inversión Estratégica (Foinves), que canalizaría recursos por medio del Crédito Hipotecario Nacional, carece de garantías técnicas y operativas para manejar con independencia y solvencia los montos millonarios que se pretenden movilizar. La administración de fondos públicos no puede ser vista como un simple trámite financiero, sino como una función que requiere transparencia, idoneidad y vigilancia constante.

Más preocupante aún es la figura del “silencio administrativo positivo”, que permitiría que proyectos sean aprobados automáticamente si los Codedes no responden en cinco días. Esta medida, lejos de resolver cuellos de botella burocráticos, puede ser aprovechada para legitimar decisiones opacas sin una evaluación técnica o comunitaria adecuada. El riesgo no es solo que se pierdan recursos, sino que se institucionalicen mecanismos opacos de aprobación, contrarios al principio de control ciudadano.

Desde una postura que defiende el libre mercado, pero también el orden institucional, resulta urgente advertir que la iniciativa 6576 no representa una modernización de la administración pública, sino un retroceso peligroso en la lucha contra la corrupción hacia prácticas de clientelismo, corrupción y discrecionalidad que erosionan la confianza pública. Guatemala necesita inversión estratégica, sí, pero también necesita reglas claras, procesos abiertos y actores responsables.