El espacio aéreo bajo la lupa: Guatemala y el peso de las acusaciones de EE. UU.

Las recientes declaraciones de Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos, encendieron una alarma que Guatemala no puede pasar por alto. Bondi señaló que el régimen de Nicolás Maduro estaría utilizando el espacio aéreo de países de Centroamérica (incluido el guatemalteco) como un puente para el narcotráfico, incluso sugiriendo que se pagan sobornos para operar sin ser detectados. No se trata de un comentario menor: proviene de una voz con peso político en Washington y toca un tema altamente sensible para nuestra soberanía y nuestra relación con el principal socio internacional del país.

La respuesta del gobierno de Bernardo Arévalo fue predecible al intentar desmentir, rechazar y asegurar que el espacio aéreo guatemalteco está libre de aeronaves con droga. Sin embargo, limitarse a una declaración diplomática defensiva no basta. En la práctica, las acusaciones de Bondi exigen un nivel de transparencia y rendición de cuentas que el Ejecutivo no ha mostrado con la contundencia necesaria. Los ciudadanos y los socios internacionales merecen datos verificables, no únicamente comunicados.

Conviene recordar que el control del cielo nacional está dividido entre instituciones civiles y militares. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) gestiona servicios aéreos de torre y aproximación, mientras que la vigilancia estratégica recae en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG). En coordinación con COCESNA y su centro CENAMER, Guatemala comparte la responsabilidad de monitorear cada traza que atraviesa el espacio aéreo. Y es aquí donde la credibilidad del Estado se pone a prueba: ¿se detecta todo lo que entra y sale?, ¿quién decide la interdicción?, ¿qué capacidad de reacción real se tiene frente a vuelos ilícitos?

Las implicaciones de fallar en estas respuestas van más allá de la soberanía. Para Estados Unidos, cualquier señal de permisividad aérea puede traducirse en sanciones, más controles sobre pasajeros y mercancías de origen guatemalteco y, lo más grave, en la reducción de cooperación y confianza en materia de seguridad.

Arévalo prometió un gobierno transparente y abierto, pero el manejo de este tema medirá si esas palabras se convierten en hechos concretos.

No basta con afirmar que “no se permite el uso del espacio aéreo a redes criminales”. Guatemala debe demostrarlo con bitácoras de radar, reportes mensuales de detecciones, interdicciones frustradas y operaciones conjuntas con el Comando Sur. Ese es el lenguaje que entienden en Washington y también el que merece la ciudadanía, cansada de discursos vacíos y promesas de control sin resultados tangibles.

La verdadera consecuencia política es que el gobierno corre el riesgo de mostrarse débil y reactivo frente a un tema que define su relación con Estados Unidos. Si la administración Arévalo se limita a negar sin probar, pierde credibilidad. Si, en cambio, convierte la acusación en una oportunidad para abrir los datos, exigir mejoras técnicas y fortalecer la cooperación, podría recuperar la iniciativa y demostrar liderazgo.

Guatemala necesita un Ejecutivo que asuma su responsabilidad en el control del espacio aéreo con seriedad y valentía. No es un tema menor pues en el combate al narcotráfico, los cielos son tan estratégicos como la tierra. Y hoy, más que nunca, el país necesita hechos, no excusas.