Congreso debate futuro del decreto 7-2025

El Congreso de la República enfrenta un nuevo escenario de división tras la aprobación del decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado el pasado 2 de septiembre bajo urgencia nacional.

La normativa permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) continúen utilizando recursos no ejecutados del ejercicio fiscal para financiar proyectos locales.

Objeciones en el pleno

El diputado Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, confirmó que el oficialismo presentó alrededor de nueve objeciones formales contra el decreto, que serán discutidas en la sesión plenaria del martes 9 de septiembre.

“Se tienen que discutir en el pleno y será la voluntad del Congreso si las acepta o las rechaza. Si son rechazadas, el decreto se enviará al Ejecutivo para sanción o veto”, explicó Rivera.

Las objeciones fueron presentadas por legisladores cercanos al oficialismo, entre ellos Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Duvalier Castañón, Victoria Palala, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.

Posturas encontradas

El oficialismo sostiene que la norma pone en riesgo la ejecución ordenada del presupuesto nacional, ya que rompe con el principio anual de gasto público.

Además, cuestionan la falta de avales técnicos para garantizar que los proyectos se ejecuten de forma correcta y transparente.

Por su parte, diputados de oposición, como Víctor Valenzuela (Vamos), defienden la ley al considerar que brinda a los alcaldes la posibilidad de destrabar proyectos de infraestructura local, como carreteras y escuelas, que llevan meses detenidos por trámites administrativos.

“No es posible que, si el gobierno central no ha podido ejecutar, se limite también a los gobiernos locales. Los alcaldes deben contar con apoyo para trabajar de forma ordenada y transparente”, señaló Valenzuela.

Entre presiones y advertencias

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) ha respaldado la ley y sostiene que no genera opacidad, sino que facilita la inversión en obras locales.

Al mismo tiempo, calificó de “chantaje” las objeciones planteadas por diputados oficialistas.

En el lado contrario, centros de investigación y cámaras empresariales han pedido el veto. El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) coinciden en que el decreto compromete la disciplina presupuestaria y contradice los principios de transparencia.