CC admite amparo por veto presidencial al Decreto 7-2025

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite al amparo presentado por diputados oficialistas en relación con el veto presidencial al Decreto 7-2025, también conocido como la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El alto tribunal ordenó al Congreso de la República enviar un informe circunstanciado en un plazo máximo de 48 horas, con el fin de detallar los antecedentes sobre la aprobación del Acuerdo Legislativo 6-2025, que dio por sancionado el decreto en cuestión.

Sobre el veto presidencial al Decreto 7-2025

El Decreto 7-2025 busca garantizar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados del ejercicio fiscal en proyectos de desarrollo interrumpidos por razones técnicas o administrativas.

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La CC solicitó al Congreso de la República un informe circunstanciado sobre la aprobación del Acuerdo Legislativo 6-2025, vinculado al Decreto 7-2025 (CODEDES).

El requerimiento surge tras una acción de amparo presentada… pic.twitter.com/r4kZhxvuxE

— CENTRANEWS (@CentraNewsGT) October 10, 2025

Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que algunos artículos del decreto contravienen la Constitución Política de la República, por lo que el presidente Bernardo Arévalo decidió vetarlo y devolverlo al Congreso.

A pesar del veto, el Legislativo aprobó el Acuerdo 6-2025, con el que declaró sancionado el decreto y ordenó su publicación inmediata.

Este acto motivó la acción de amparo presentada por diputados oficialistas, quienes alegan que el Congreso vulneró el derecho constitucional de veto del mandatario.

Diputados oficialistas denuncian violaciones constitucionales

En conferencia de prensa, los legisladores oficialistas argumentaron que la decisión del Congreso quebranta principios fundamentales como el debido proceso, la legalidad, la separación de poderes y la supremacía constitucional.

El diputado Raúl Barrera expresó que se omitió la opinión previa y obligatoria de la CC, además de desconocerse el derecho de veto presidencial en casos de inconstitucionalidad.

Según los parlamentarios, esta omisión representa un precedente peligroso para el equilibrio de poderes en el Estado.

Gobierno evalúa acciones legales contra el Congreso

El Gobierno reiteró que el veto presidencial fue emitido conforme a la ley y anunció nuevas acciones legales para impugnar la resolución legislativa.

Durante una entrevista radial (EU), el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, cuestionó la decisión de los 84 diputados que avalaron el decreto, calificando sus argumentos como “güisachezcos”.

Guerrero añadió que la interpretación del Congreso podría constituir un fraude de ley, al intentar aplicar un decreto legislativo de 1968 por encima de la Constitución vigente.

“Malinterpretar normas jurídicas a sabiendas de su contradicción con la Carta Magna podría configurar un delito”, puntualizó.