Política en Guatemala
Tribunal absuelve a acusados del caso TCQ y ordena nuevas investigaciones
Tribunal cierra caso TCQ y pide indagar actuación de exautoridades.
El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió el 13 de octubre a los cinco procesados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), un expediente que durante años simbolizó las investigaciones de alto impacto en Guatemala.
Además de las absoluciones, el tribunal ordenó al Ministerio Público (MP) abrir investigaciones contra fiscales y exfuncionarios que impulsaron la acusación, incluidos quienes firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón.
Fallo del tribunal y señalamiento a exautoridades
La resolución, leída por la jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, absolvió a Mario Ruano San José, Julio Norberto Esquivel, Lázaro Noé Reyes Matta, Gustavo Martínez Luna (exsecretario general de la Presidencia) y Duglas Charchal (exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia).
Castellanos indicó que el juez contralor del proceso, Miguel Ángel Gálvez, debió declarar falta de mérito, ya que el expediente “carecía de pruebas suficientes para sostener una acusación penal sólida”.
El tribunal también instruyó que se certifique lo conducente para investigar al excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y al propio Gálvez, por un posible incumplimiento de deberes en el desarrollo del proceso judicial.
MP anuncia revisión interna del caso
Tras el fallo, el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, declaró que el MP había intentado “rescatar” el caso, aunque sin éxito en la etapa de juicio.
Curruchiche añadió que el Ministerio Público abrirá de oficio una investigación contra los fiscales y funcionarios que elaboraron la acusación original y firmaron el acuerdo de colaboración con Monzón.
Origen del caso TCQ y la trama de corrupción
El caso TCQ se remonta a abril de 2016, cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI revelaron una presunta red de corrupción relacionada con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la concesión de una terminal de contenedores a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, filial de una firma española.
Según la acusación del MP, el contrato de usufructo por 25 años, prorrogable y valorado en US$255 millones, habría sido adjudicado mediante sobornos y sobrecostos.
Las declaraciones de Juan Carlos Monzón fueron pieza clave de la investigación, al señalar que los pagos ilegales habrían alcanzado hasta US$30 millones para garantizar la concesión del proyecto portuario.
Durante el juicio, la defensa de los acusados cuestionó la solidez de los testimonios y la admisión de pruebas de la Contraloría General de Cuentas, argumentando que carecían de sustento documental y formal.
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