Política en Guatemala
Congreso aplaza declaratoria de maras como grupos terroristas
Congreso pospone decisión sobre iniciativa que busca catalogar a pandillas como organizaciones terroristas.
Tras más de nueve horas de deliberación, el Congreso de la República decidió aplazar la aprobación definitiva de la iniciativa de ley 5692, que busca declarar a las maras y pandillas como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
Con 122 votos a favor, los diputados aprobaron enviar el proyecto a una revisión final, programando el próximo 21 de octubre como fecha para su discusión y eventual conversión en decreto.
La medida retrasa la declaratoria formal de las estructuras Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas, propuesta que ha generado amplio debate político y jurídico.
La Junta Directiva da inicio a la 39ª #SesiónOrdinaria Adicional de #TrabajoLegislativo.
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Negociaciones y enmiendas al proyecto
El retraso surgió luego de que los jefes de bloque acordaran una serie de enmiendas al texto original de la iniciativa, oficialmente denominada Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas.
Durante más de dos horas de negociación, los diputados consensuaron cambios al artículo 2, el cual redefine qué se entenderá por mara o pandilla.
El nuevo texto establece que se trata de grupos con jerarquía, disciplina, control de ingreso, identidad grupal y actividad principal en la comisión de hechos ilícitos, utilizando el terror como medio de coacción.
📝 Te compartimos los puntos claves aprobados por el Pleno del Congreso para el combate frontal a las pandillas y garantizar la seguridad ciudadana.
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Además, el mismo artículo declara explícitamente a las organizaciones Barrio 18 y Mara Salvatrucha como grupos criminales organizados y terroristas.
También detalla el procedimiento legal para que otras agrupaciones puedan ser catalogadas bajo esta figura, mediante una solicitud del Ministerio Público (MP) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá resolver a través de la Cámara Penal.
Una vez designada una organización como terrorista, su nombre será publicado en el Diario Oficial y los canales oficiales del Gobierno, y dicha designación tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por períodos iguales.
Reformas penales y endurecimiento de sanciones
La iniciativa incluye también reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal, la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Procesal Penal, con el objetivo de endurecer las penas y restringir beneficios judiciales a los miembros de estas estructuras.
Entre las reformas más destacadas figuran:
- Penas de 14 a 18 años de prisión por obstrucción extorsiva de tránsito o reclutamiento ilícito de menores, con incremento de hasta una tercera parte si el responsable pertenece a una pandilla.
- Multas de Q100 mil a Q300 mil para quienes participen en el reclutamiento de menores.
- Reformas a la tipificación de delitos como violación, agresión sexual, femicidio, extorsión y asociación ilegal de gente armada.
- Prohibición de medidas sustitutivas para integrantes de maras o pandillas acusados de cualquier delito.
En cuanto a la extorsión, la pena base se eleva a 6 a 12 años de cárcel, con aumentos si el responsable pertenece a una pandilla.
También se modifican las sanciones por enriquecimiento ilícito extorsivo (14 a 18 años de prisión) y usura, que ahora conllevará de 4 a 10 años de cárcel y multas de Q200 mil a Q500 mil, además de la expulsión del país si el responsable es extranjero.
Medidas penitenciarias y de seguridad
El proyecto también ordena al Sistema Penitenciario crear y mantener una base de datos actualizada de todas las personas privadas de libertad.
Asimismo, se instruye al Ministerio de Gobernación destinar recursos para la compra de equipo especializado en el combate a las maras y para la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada exclusivamente a los integrantes de estas organizaciones.
Paralelamente, se establece la obligación del Estado de promover programas de prevención enfocados en la niñez y juventud, con el propósito de reducir la captación de menores por parte de las pandillas.
Lo que se avecina
La discusión definitiva del proyecto quedó programada para el 21 de octubre, fecha en la que el pleno del Congreso deberá votar la aprobación final de la iniciativa 5692.
De ser avalada, Guatemala se sumaría a los países de la región que reconocen legalmente a las maras y pandillas como grupos terroristas, lo que implicaría nuevas herramientas jurídicas y penales para su persecución.
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