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Trump advierte que podría notificar al Congreso si extiende ataques antidrogas a tierra firme
El anuncio de Donald Trump marca un punto de inflexión en la estrategia antidrogas de Estados Unidos. Su advertencia de posibles ataques terrestres abre un debate global sobre los límites del poder militar, la soberanía y el equilibrio diplomático en América Latina.
22 de octubre de 2025 – Washington D.C. – En un giro que podría cambiar el rumbo de la estrategia antidrogas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció este miércoles que, aunque su administración ya ejerce ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, está preparada para llevar la operación a tierra firme y que, en ese caso, considerará notificar al Congreso.
“Estamos totalmente preparados… Probablemente iremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando lleguemos al país. No tenemos por qué hacerlo, pero, creo… me gustaría hacerlo”, dijo durante un encuentro con la prensa en la Oficina Oval.
La declaración de Trump coincide con un momento de intensa actividad militar en el Caribe y el Pacífico. Su gobierno afirma que ya cuentan con la autoridad legal para atacar embarcaciones cerca de la costa de Venezuela, argumentando que transportan drogas hacia EE.UU. Pero además: ahora se está considerando el cambio de escenario, de mar a tierra. “Les daremos un duro golpe si llegan por tierra”, advirtió Trump.
¿Quiénes están involucrados?
- Donald Trump y su administración: impulsores de esta campaña militar.
- El Pentagon y fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe y el Pacífico.
- Gobierno de Venezuela, que ha denunciado los ataques como violaciones a su soberanía.
- El Congreso de EE.UU., que podría verse involucrado si la operación pasa a territorio extranjero.
- Expertos en derecho internacional y militares retirados que advierten sobre las implicaciones de esta estrategia.
La declaración central se dio el 22 de octubre de 2025. Los ataques marítimos que sirven de antecedente ya venían desarrollándose desde al menos comienzos de septiembre, con múltiples incidentes frente a las costas de Venezuela.

Principalmente en aguas cercanas a Venezuela, tanto en el Caribe como —más recientemente— en el Pacífico. Un ataque registrado este mismo día en el Pacífico marcó la expansión geográfica de la campaña. El paso a “tierra” implicaría que operaciones militares podrían trasladarse directamente a territorio extranjero, lo que altera radicalmente el mapa geopolítico y jurídico.
¿Por qué importa?
Porque pasar de atacar barcos en alta mar a entrar en territorio extranjero tiene múltiples implicaciones:
- Soberanía: el país en el que se realice la operación puede considerarlo una agresión.
- Legalidad internacional: se abre el debate de cuándo EE.UU. puede usar la fuerza sin autorización multilateral.
- Poder interno de EE.UU.: la posible “notificación al Congreso” señala que el Ejecutivo reconoce una dimensión política y legal.
- Impacto humanitario: las víctimas, evidencia y transparencia de los objetivos son tema central. Según Reuters, al menos siete ataques han matado más de 30 personas hasta el momento.
- Cambio estratégico: lo que empezó como lucha contra embarcaciones sospechosas podría convertirse en una campaña militar amplia, enmarcada como un “conflicto armado no internacional” entre EE.UU. y carteles de drogas, según documentos al Congreso.
Datos adicionales que vale la pena tener en cuenta
- La administración informó que reconoce al narcotráfico como parte de un conflicto armado “no internacional”, lo cual es inusual en operaciones contra drogas.
- Un ataque reciente en el Pacífico mató al menos a dos personas, marcando la primera operación de este tipo fuera del Caribe.
- En anteriores golpes en el Caribe, los EE.UU. atacaron embarcaciones que según su inteligencia transportaban “narcóticos” hacia territorio estadounidense. Sin embargo, los detalles —¿qué drogas?, ¿cuánto?, ¿quiénes eran los tripulantes?— siguen siendo opacos.
- El gobierno venezolano ya presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que declare los ataques ilegales y vulnere la soberanía del país.
Entre los principales puntos que se mantienen bajo observación figura la posibilidad de que la Casa Blanca emita un análisis o memorando jurídico que aclare bajo qué norma, nacional o internacional, se justificarían eventuales ataques terrestres. También se espera conocer si el Congreso de Estados Unidos recibirá una notificación formal sobre la operación y si dicha comunicación implicará consulta, autorización o únicamente información posterior. A nivel geopolítico, permanece la incógnita sobre qué país o territorio podría convertirse en el siguiente escenario si las acciones se extienden “a tierra”.
Además, se anticipan repercusiones diplomáticas que podrían involucrar la reacción de naciones como Brasil, Colombia y otros países caribeños o africanos, potencialmente afectados por la expansión militar. Finalmente, analistas observan si las fuerzas estadounidenses llegarán a participar en combates terrestres o detenciones en territorio extranjero, o si las operaciones continuarán limitadas al ámbito marítimo y aéreo.





