Economía
Congreso redefine las APP sin cambiar el peso del sector privado en decisiones clave
Congreso aprueba reformas clave a las alianzas público–privadas y mantiene presencia empresarial en el nuevo marco de infraestructura.
El Congreso de la República aprobó en tercera lectura, con 129 votos a favor, una reforma integral a la Ley de Alianzas Público–Privadas (APP), con la que se busca dinamizar la ejecución de infraestructura estratégica en el país y actualizar los procedimientos que rigen la cooperación entre el Estado y el sector privado.
El Decreto 21-2025, que ahora pasa a sanción del presidente Bernardo Arévalo, marca un giro en la estructura institucional y operativa del sistema de alianzas.
La aprobación se concretó la noche del martes 25 de noviembre, después de que los diputados priorizaran la discusión mediante una moción presentada por el oficialista José Carlos Sanabria, considerado uno de los operadores políticos del Ejecutivo en el Legislativo.
La reforma se colocó por encima del debate del Presupuesto 2026, lo que revela la urgencia que el Congreso le dio al tema.
✅ Tras más de 13 horas de #TrabajoLegislativo, el Pleno del Congreso aprobó 8 decretos, entre ellos el #Presupuesto2026 ⬇️
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Mantienen representación empresarial en el órgano rector
Uno de los puntos más sensibles se resolvió al confirmar que la representación del sector privado permanecerá en el órgano directivo encargado de supervisar las APP.
Este elemento había generado tensión la semana pasada, cuando una propuesta para excluir al sector empresarial frenó temporalmente la aprobación del articulado final.
Con la reactivación del debate, el pleno rechazó la modificación al artículo nueve y dejó vigente el texto original, que garantiza la participación empresarial.
A partir de allí, los 46 artículos de la reforma fueron aprobados sin nuevos tropiezos, incluyendo varias enmiendas que refuerzan los estándares técnicos de evaluación y contratación.
Nuevas reglas para evaluar y aprobar proyectos
El dictamen incorpora por primera vez un procedimiento detallado para la identificación, evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos bajo el modelo APP. Entre los cambios destaca:
- Permitir estudios y asesorías internacionales, alineados a modelos del Banco Mundial, BID y BCIE.
- Regulación sobre controversias en proyectos: las iniciativas no serán suspendidas automáticamente en caso de disputas, salvo que se haya pactado explícitamente en el contrato.
- Homologación de procesos técnicos para garantizar que las evaluaciones cumplan estándares multilaterales.
Nace la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
La reforma elimina la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y crea la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con mayor independencia financiera y un rol ampliado en la estructuración de proyectos estratégicos.
La ANI contará con varios fondos destinados a fortalecer su capacidad ejecutiva:
- Q50 millones como capital privativo.
- Q100 millones para proyectos de preinversión.
- Q400 millones para contingencias.
- Q2 mil millones para garantías de proyectos.
Con este esquema, el Congreso busca que la Agencia pueda responder con mayor agilidad a las demandas de infraestructura nacional, reduciendo cuellos de botella históricos en la formulación de proyectos.
Debate paralelo por préstamos y reacomodo político
Durante la sesión, la moción también abrió paso a la discusión de cinco préstamos internacionales por un total de US$1,350 millones, lo que generó críticas de bancadas opositoras.
Diputados como Ronald Portillo cuestionaron el endeudamiento, argumentando que no existe claridad sobre proyectos emblemáticos ni cambios estructurales que justifiquen los créditos.
Pese a los señalamientos, la mayoría del pleno respaldó avanzar con la agenda, incluido el debate sobre la transformación de la Comisión Nacional contra la Corrupción en la nueva Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia.
✅ Las reformas a Ley de Anadie, actualizan, modernizan y permiten impulsar proyectos estratégicos y fortalecer la infraestructura productiva en beneficio del desarrollo económico y social del país.
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