Un presupuesto negociado en la sombra para financiar intereses políticos – Editorial

El presupuesto aprobado para 2026, que rebasa los ciento sesenta y tres mil millones de quetzales, no solo representa una expansión fiscal sin sustento técnico, sino que confirma un proceso de negociación profundamente opaco, diseñado para asegurar lealtades políticas y preparar el terreno de cara a los comicios de 2027. Lejos de la transparencia prometida por el oficialismo, el gobierno de Bernardo Arévalo recurrió a las mismas dinámicas de tratos bajo la mesa que caracterizaron a gobiernos que tanto criticaron, intercambian votos por beneficios concretos, compromisos de obra pública y cuotas de poder dentro de la administración pública.

El aumento acumulado del ciento treinta y un por ciento desde 2015 debería invitar a un examen técnico riguroso, sin embargo, el dato pierde relevancia ante lo que realmente ha generado preocupación en el Congreso, la aceleración del gasto bajo Semilla y el patrón evidente de negociaciones a puerta cerrada que acompañó la aprobación del presupuesto. Bancadas que habían sido críticas al oficialismo terminaron votando a favor luego de reuniones privadas, ofertas de inversión dirigidas y reacomodos administrativos que, según múltiples fuentes legislativas, se manejaron con total discreción y sin criterios técnicos verificables.

La ampliación presupuestaria aprobada en 2024 por más de catorce mil millones y los incrementos continuos para 2025 y 2026 consolidan una estrategia que responde más a necesidades políticas que a planificación responsable. El Ministerio de Finanzas insiste en que se prioriza la inversión territorial, pero evita publicar criterios, indicadores o matrices de priorización. Este vacío técnico es precisamente lo que permite que las negociaciones opacas prosperen, porque cada diputado puede reclamar “su parte” del presupuesto a cambio de apoyar al oficialismo. En ese contexto, el silencio del ministro Jonathan Menkos ante cuestionamientos de fondo no solo preocupa, sino que alimenta la percepción de que esta expansión del gasto es, en esencia, una moneda de cambio para fortalecer alianzas rumbo a 2027.

La falta de análisis de sostenibilidad fiscal y la ausencia de modelos públicos que proyecten la presión sobre deuda, recaudación y capacidad administrativa demuestran que el gobierno asume una postura políticamente conveniente pero técnicamente irresponsable. Mientras el discurso insiste en la “transformación”, la realidad evidencia un uso del presupuesto como herramienta electoral anticipada, garantizando influencia territorial mediante obras, programas y transferencias que, aunque poco transparentes, son políticamente rentables de cara a las próximas elecciones.

A esto se suma la incapacidad de ejecución mostrada en 2024 y 2025, que expone que el aparato estatal no está preparado para manejar un presupuesto de este tamaño. Varios ministerios apenas alcanzan niveles mínimos de ejecución, sin embargo, el oficialismo impulsa un crecimiento acelerado del gasto porque este crecimiento abre más espacios para negociaciones internas, para re asignaciones dirigidas y para beneficiar a aliados que deberán responder en 2027. Incrementar el presupuesto cuando no existe capacidad de ejecutarlo no es un error técnico, es una decisión política que permite manipular fondos discrecionalmente bajo la excusa de “reforzar la inversión”.

El riesgo político y el riesgo de corrupción es innegable. Un presupuesto tan amplio, aprobado mediante negociaciones opacas y sin controles claros, crea un caldo de cultivo perfecto para el uso electoral del gasto público. Desde programas sociales hasta proyectos de infraestructura, cada partida susceptible de ser manipulada se convierte en una herramienta para consolidar y fortalecer estructuras territoriales y asegurar apoyos estratégicos antes de la contienda de 2027. Esta no es la promesa de un gobierno distinto, sino la repetición exacta de las prácticas que hundieron la credibilidad de administraciones anteriores.

El presupuesto para 2026 no solo rompe con la narrativa oficialista de prudencia fiscal, sino que marca una inflexión peligrosa donde la política de siempre se impone sobre cualquier consideración técnica. El gobierno de Arévalo tendrá que explicar por qué la transparencia desapareció justo cuando más se necesitaba, por qué el presupuesto se convirtió en un instrumento de negociación oscura y por qué la expansión del gasto coincide tan claramente con las necesidades electorales del oficialismo. Mientras no exista un marco serio de control, evaluación y ejecución, este presupuesto no representa una oportunidad de desarrollo, sino una plataforma para la opacidad, la discrecionalidad y la manipulación política que se proyecta peligrosamente hacia 2027.