Modus Operandi: casos de violencia contra candidatos

La violencia política que atraviesa Guatemala no puede entenderse como una sucesión aislada de tragedias, sino como un síntoma creciente de la erosión institucional y del debilitamiento de las garantías democráticas más básicas, en particular el derecho a la vida. Los asesinatos y ataques contra figuras políticas durante los últimos años reflejan un país donde la criminalidad organizada, la impunidad y la desarticulación del aparato de seguridad confluyen para agravar un clima de miedo y sospecha que debilita la participación ciudadana y amenaza la estabilidad democrática.

Los casos de Gerson Saúl Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, Erlindo Rodríguez Samayoa, candidato a concejal, Milton Francisco Guerra Calderón, exdiputado y, más recientemente, José Elías Ramírez Andrés, excandidato a alcalde de El Tejar, son ejemplos representativos de una violencia que no distingue filiaciones partidarias y que golpea tanto a liderazgos municipales como a figuras con trayectoria nacional. En su conjunto, estos episodios revelan cómo el ejercicio político se ha convertido en una actividad de riesgo en Guatemala, marcada por el aumento de atentados, emboscadas y asesinatos que buscan intimidar, silenciar o eliminar actores públicos.

La tendencia general confirma el deterioro que diversos análisis de seguridad ciudadana identifican como un incremento en la tasa de homicidios y un repunte en los ataques armados en 2024 y 2025; asociado, entre otras razones, a la recomposición de estructuras criminales y a la debilidad del Estado para responder con eficacia. A esto se suma el alarmante dato del “robo de armas”, muchas de ellas provenientes incluso de entidades estatales, que terminan circulando en redes ilícitas y alimentando la capacidad operativa de grupos armados. La disponibilidad de armas de grueso calibre se ha convertido en un multiplicador de violencia, con impactos directos en la seguridad de funcionarios públicos y líderes locales.

Otro factor que agrava la crisis es la fuga de reos de la cárcel de Fraijanes ocurrida este año, un hecho que no solo evidencia fallas de control penitenciario, sino también posibles redes de corrupción y complicidad interna. La evasión de privados de libertad, varios vinculados a estructuras altamente peligrosas, representa una amenaza inmediata para la población y revela el debilitamiento del Estado en áreas críticas de la seguridad pública.

En paralelo, la alta rotación en puestos de liderazgo y mandos administrativos dentro del Ministerio de Gobernación y sus dependencias ha generado una ausencia de continuidad estratégica que impide consolidar políticas de seguridad efectivas. El constante reemplazo de viceministros, directores de inteligencia civil, mandos de la PNC y responsables operativos ha fragmentado la capacidad institucional para responder a fenómenos delictivos complejos. Sin estabilidad, no hay planificación; sin planificación, no hay control territorial; sin control territorial, el crimen avanza.

El impacto político de esta situación es profundo, pues la violencia no solo elimina vidas, sino que además erosiona la democracia, inhibe la participación y normaliza el miedo como mecanismo de gestión social. Cuando los actores políticos, sean alcaldes, candidatos o exdiputados, se convierten en blancos de atentados, se mina la competencia electoral, se condiciona la representación y se vulnera el derecho ciudadano a elegir y ser electo sin coacción. La democracia deja de ser un espacio abierto y seguro para convertirse en un terreno donde predomina la lógica de la fuerza.

Además, el deterioro de la seguridad pública va acompañado de una preocupante violación de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. La incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y funcionarios es, en sí misma, una forma de vulneración. En una democracia funcional, la vida de un funcionario público debería ser custodiada con el más alto estándar, no quedar expuesta a bandas armadas, sicariato o intereses oscuros que ven en la violencia un mecanismo para incidir en decisiones políticas o disputas territoriales.

Guatemala necesita recuperar el principio fundamental que sostiene cualquier democracia, que consiste en que “ninguna diferencia política, disputa de poder o interés criminal valga más que la vida humana”. Mientras la violencia siga dictando las reglas, la democracia seguirá retrocediendo.

4 Casos de violencia política

1. Gerson Saúl Ajcúc Xot
   • Alcalde en funciones de Chuarrancho.
   • Asesinado el 26 de febrero de 2025 en un ataque armado en la Ruta al Atlántico.
   • El ataque fue cometido por sicarios; se capturó a un presunto implicado.
   • El caso generó alarma por la violencia creciente contra autoridades municipales.
   • Motivos del crimen aún en investigación.
2. Erlindo Rodríguez Samayoa
   • Candidato a concejal municipal en Concepción Las Minas, Chiquimula.
   • Atacado a tiros en junio de 2023 mientras conducía una motocicleta.
   • El atentado ocurrió en pleno proceso electoral.
   • No se ha esclarecido la autoría del ataque.
   • Fue uno de varios hechos violentos contra candidatos locales ese año.
3. Milton Francisco Guerra Calderón
   • Exdiputado del Congreso de la República.
   • Asesinado el 26 de agosto de 2023 en un ataque armado en Jutiapa.
   • El crimen se vinculó a disputas y tensiones de poder locales.
   • Su muerte reavivó preocupaciones sobre la violencia contra figuras políticas de trayectoria.
   • Investigación sin resolución definitiva.
4. José Elías Ramírez Andrés
   • Ex candidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango.
   • Asesinado el 8 de noviembre de 2025 por sicarios disfrazados de trabajadores de construcción.
   • En la escena se localizaron más de 27 casquillos y un vehículo robado utilizado para huir.
   • En su vehículo se encontraron varias armas registradas a su nombre.
   • Investigación apunta a posibles móviles políticos y disputas relacionadas con obra pública.