Puerto Quetzal bajo denuncia por presuntas irregularidades millonarias

El abogado Willian Armando Vanegas presentó ante el Ministerio Público (MP) dos denuncias penales que señalan irregularidades graves en el manejo de recursos públicos y procesos de contratación dentro de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Las acciones legales involucran a funcionarios de la institución, al vicealmirante José Antonio Lemus, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de EPQ, así como a empresas y particulares señalados de participar en posibles delitos.

Las denuncias describen un deterioro en la transparencia administrativa y, de acuerdo con la documentación presentada, las pérdidas superarían los Q60 millones.

Además, se advierte que desde noviembre de 2024 Puerto Quetzal opera sin cámaras de seguridad, afectando el control interno, la integridad de la carga y la protección de las instalaciones.

Proyectos pagados sin ejecutarse y fallas en la supervisión interna

“Smart Port”: un proyecto de Q55.4 millones sin evidencia de implementación

La primera denuncia detalla que el proyecto “Smart Port”, contratado en 2023 por un monto de Q55.4 millones para modernizar la infraestructura tecnológica del puerto, fue pagado en su totalidad sin haberse ejecutado.

Según la denuncia:

• No existe sistema operativo alguno.
• No hay informes de avance ni entregables.
• No se encontraron respaldos técnicos ni evidencia documental del proyecto.
• Aun así, autoridades de EPQ dieron por recibida la obra y autorizaron el pago completo.

El abogado Vanegas afirma que esta decisión habría generado un perjuicio millonario al Estado, motivo por el cual solicita investigar delitos como asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado por sustracción, malversación y enriquecimiento ilícito.

Entre los señalados en esta denuncia figuran Grupo Innovación, S.A., y las personas Juan Pablo Pérez Bercián, Mario Mejicanos Méndez, Angelo Paolo Arévalo Argueta, Oscar Armando López Jiménez, así como varios funcionarios de EPQ y su presidente, José Antonio Lemus Guzmán.

Acusan compras fraccionadas para favorecer a una sola empresa

Más de Q6 millones adjudicados mediante 91 compras directas en 2024

La segunda denuncia presentada ante el MP documenta un patrón repetitivo de compras fraccionadas para beneficiar a la empresa Data Expert, S.A., encargada de servicios de instalación y mantenimiento del sistema de videovigilancia (CCTV).

Según registros de Guatecompras citados en el expediente:

• Durante 2024, EPQ efectuó 91 compras directas a esta empresa.
• Cada compra se fijó en Q74,800, sumando más de Q6 millones.
• No se realizaron procesos de licitación ni cotización.
• El monto total supera ampliamente el límite legal para compras directas.

El denunciante sostiene que este mecanismo habría sido utilizado para evadir la Ley de Contrataciones del Estado, restringiendo la participación de otros proveedores y afectando la transparencia institucional.

Pese a los pagos, se verificó que las cámaras de videovigilancia dejaron de operar desde noviembre de 2024, lo que representa un riesgo operativo severo para uno de los puertos más importantes del país.

En esta denuncia se solicita investigar por asociación ilícita, fraude, abuso de autoridad y peculado por sustracción a Juan José Pirir Castillo, representante legal de Data Expert, S.A.; a funcionarios de EPQ que autorizaron las compras; y nuevamente a José Antonio Lemus Guzmán como presidente de la Junta Directiva.

También se indica que César Amílcar Pantaleón Herrera constituyó la empresa y que actualmente es dirigida por Juan José Pérez Castillo, dato relevante por su relación con figuras que han ocupado cargos públicos.

Solicitan revisar contratos, pagos y actas de recepción

Las denuncias presentadas exponen un patrón que, según los documentos, combina:

• Proyectos millonarios pagados sin ejecutarse,
• Contrataciones fraccionadas sin cumplir los procedimientos legales,
• Ausencia de controles internos, y
• Deterioro operativo en áreas estratégicas del puerto, como la videovigilancia.

El abogado Vanegas solicitó al Ministerio Público investigar los pagos, revisar los expedientes administrativos, auditar actas de recepción y determinar la responsabilidad de todos los implicados a fin de restaurar la transparencia y proteger el patrimonio estatal.