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Autoridades de seguridad responden a denuncias de violación de la privacidad
En lo que va del año, se ha registrado un preocupante incremento en las denuncias por violación a la intimidad sexual, impactando a un total de 82 personas. Entre las víctimas, se encuentran 11 jóvenes y 71 adultos en todo el país. Los especialistas del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense, perteneciente a la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), están trabajando incansablemente para abordar estos delicados casos que se manifiestan principalmente en plataformas de redes sociales.
Este fenómeno ha hecho mella en diferentes estratos de la sociedad, afectando desde niños hasta adultos. Las plataformas más recurrentes utilizadas para perpetrar estos actos atroces, según informes de la PNC, son WhatsApp, Facebook e Instagram.
De acuerdo con los datos recopilados por la SGIC, de las 82 denuncias presentadas, 71 corresponden a personas adultas y 11 a adolescentes. Alarmantemente, muchas de las víctimas confiaron en parejas o amigos al compartir imágenes íntimas de manera consensuada, solo para descubrir después que esas imágenes se propagaban sin su consentimiento y de manera ilícita. Esta violación a la privacidad es una transgresión inaceptable.
La problemática se intensifica en situaciones de finalización de relaciones, donde ex parejas o amigos utilizan el material fotográfico o de video para chantajear o difamar a las víctimas. La difusión no autorizada ocurre tanto en redes sociales como en plataformas de mensajería instantánea.
El jefe de Ciberdelitos advirtió sobre la importancia de la supervisión paterna en el uso de dispositivos de comunicación por parte de los niños y adolescentes. Asimismo, resaltó la necesidad de que las mujeres eviten tomarse o compartir fotografías íntimas bajo cualquier circunstancia.
Ley contra la Ciberdelincuencia
El Congreso de la República de Guatemala aprobó el 8 de agosto de 2022 la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Esta legislación tiene como objetivo combatir las amenazas en línea y salvaguardar la integridad de los datos personales, estableciendo sanciones que pueden ir desde cinco a ocho años de prisión, además de multas considerables.