Biden no aboga por periodista estadounidense preso en Ucrania, prefiere inyectar más dólares estadounidenses para la guerra

Un debate se ha generado al interno de los poderes gubernamentales estadounidenses, tras el encarcelamiento de Gonzalo Lira, un ciudadano chileno-estadounidense capturado por las autoridades ucranianas señalado bajo las leyes de guerra vigentes, por el delito de hacer propaganda pro rusa en su territorio y en el contexto la invasión que son objeto.

A través de varios medios de comunicación, como el Britbart News, el punto medular del debate lo constituye que contrario a abogar por la liberación de Lira, Joe Biden, ha solicitado otra ampliación de US$24.000 mil millones de dólares estadounidenses para Ucrania, con el argumento de proteger “la libertad” en un país donde se irrespeta la libertad del pensamiento y libertad de prensa.

Biden argumentó el pasado martes ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dichos fondos para Ucrania, es una inversión en “el futuro de cada país que busca un mundo gobernado por reglas básicas”; Britbart cuestionó que su discurso no mencionó ni una sola vez el estatus de Lira.

Por aparte, el senador J.D. Vance, confirmó al Britbar, que escribió y envió a la administración Biden, una carta preguntando si la Casa Blanca está al tanto de algún plan del gobierno de Zelensky para lanzar ataques violentos contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión al advertir oficialmente su administración que, “quienes difundan información de propaganda prorusa en suelo ucraniano, no pueden pretender ser periodistas y por lo tanto, se enfrentarán a penas de prisión”.

Gonzalo Lira, un ex entrenador de citas al estilo de “la píldora roja” se presenta como periodista ciudadano independiente o influencer, y en su defensa ha sostenido que simplemente discutió información pública disponible sobre la guerra.

Al momento de la invasión rusa Lira, vivía en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Fue arrestado en mayo de este año, bajo sospecha de producir y difundir mensajes pro rusos considerados cómo propaganda, en su canal de YouTube. Luego de liberado, una primera vez bajo fianza, en julio de este año, publicó mensajes en Twitter y YouTube en los cuales afirmó que iba a intentar cruzar la frontera ucraniana para solicitar asilo político en Hungría.

Tal anuncio provocó fuera encarcelado de nuevo, a la espera de una probable sentencia judicial condenatoria de entre cinco y ocho años de prisión, en virtud de las leyes de propaganda de tiempos de guerra de Ucrania. Desde entonces no ha publicado en ninguna de las plataformas.

Lira, a través de su vídeo, de tipo doméstico, cuestionó la narrativa o versiones presentadas en los medios de comunicación tradicionales sobre la guerra por el gobierno ucraniano de Zelensky. Opinó que Moscú fue provocado para invadir ese país, por las mafias ucranianas y la expansión hacia el este de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos de América.

La posición del medio Breitbart News, cuestiona que, mientras los legisladores en el Capitolio de Washington D.C. (Estados Unidos de América) debaten sobre el envío de miles de millones más en ayuda militar a Ucrania, un periodista ciudadano estadounidense languidece en una prisión ucraniana acusado de difundir propaganda rusa. La ampliación presupuestaria de recursos financieros para Ucrania, se sumaría a los ya US$113 mil millones de dólares estadounidenses que el Congreso ha comprometido desde que inició la guerra el año pasado, 2022.

En su último mensaje a través de un vídeo, Lira afirmó que “el Departamento de Estado estadounidense sabe exactamente quién soy, y el destino que me espera. Si no publicó después de mi intento de cruzar la frontera, significará que he sido arrestado de nuevo por las autoridades ucranianas y moriré en prisión; ruego al público arme un escándalo por esto”. Empero, dicha protesta no se ha suscitado.

Según una copia de los aparentes cargos, el gobierno ucraniano alegó que Lira “tenía una intención criminal dirigida a la fabricación y distribución de materiales que contenían justificación donde reconocía como legítima la agresión armada y ocupación temporal de parte del territorio de Ucrania por la Federación Rusa, que comenzó en 2014”. Al respecto Lira ha sostenido: “los cargos en mi contra son solo por mi opinión sobre este conflicto, no le hice daño a nadie”.

Lira criticó y cuestionó que la embajada de Chile ha hecho más para proteger su bienestar que el Departamento de Estado de Estados Unidos. Añadió que cree que el gobierno estadounidense no tiene interés en su caso porque: “no soy una drogadicta lesbiana negra, ni una estafadora transgénero. Además, Victoria Nuland (Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos) me odia a muerte, o eso ha dicho”.

En un comunicado del pasado martes 19, un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, dijo a Breitbart News: “Somos conscientes de la detención del señor Lira en Ucrania. Nos tomamos muy en serio nuestro papel de ayudar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y brindamos toda la asistencia adecuada. Estamos monitoreando la situación pero, no tenemos más comentarios en este momento. Reiteramos nuestro mensaje de que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania debido al conflicto armado activo”.

El caso de Lira ha captado la atención pública, después de que quien es presentada como portavoz del ejército ucraniano, Sarah Ashton-Cirillo, afirmara la semana pasada haberse reunido con él personalmente. Aseguró que él goza de buena salud física y mental.

La portavoz ha sido criticada por ser transgénero, por el senador estadounidense Vance, y luego que publicó en las redes sociales que “los propagandistas rusos serían perseguidos por el gobierno ucraniano a la vez de advertir que, en Ucrania, se respeta la libertad de expresión pero, quienes difundan propaganda prorusa no pueden ni deben pretender ser periodistas y, por lo tanto, se enfrentarán a penas de prisión”.

Derecho Internacional para la prensa en escenarios de guerra

Robin Geiss, experto jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja:

“El Comité Internacional de la Cruz Roja, plantea que “en su condición de civiles, el Derecho Internacional Humanitario protege a los periodistas contra ataques directos en conflictos armados o guerras, salvo que participen directamente de las hostilidades y mientras dure tal participación. Las infracciones de esta norma constituyen una violación grave de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I, y dirigir un ataque contra un civil de manera intencional –ya sea durante un conflicto armado internacional o no internacional– también equivale a un crimen de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”.

“Los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación corren un alto riesgo de ser detenidos arbitrariamente por presuntas razones de seguridad. Aquí es donde cobra importancia la distinción entre “corresponsales de guerra” (Artículo 4 A (4) del III Convenio de Ginebra) y “periodistas” (Artículo 79 del Protocolo adicional I). Se reconoce a ambos como civiles, pero sólo los corresponsales de guerra tienen derecho al estatuto de prisionero de guerra. Los corresponsales de guerra cuentan con la autorización formal para acompañar a las fuerzas armadas. En virtud de esta estrecha relación, tras la captura, se les concede el mismo estatuto jurídico que a los miembros de las fuerzas armadas. Los corresponsales de guerra se benefician, entonces, de las protecciones conferidas por el III Convenio de Ginebra, complementadas por el Protocolo adicional I y por el derecho consuetudinario internacional”.

“Para convertirse en corresponsal de guerra de acuerdo con la definición del derecho internacional humanitario es obligatorio obtener la acreditación oficial de las fuerzas armadas. Por lo tanto, si un “periodista incorporado” recibe la acreditación oficial es, legalmente, un corresponsal de guerra”.

“Si no son ciudadanos del país que los ha detenido, se benefician de todas las protecciones pertinentes otorgadas por el IV Convenio de Ginebra. En cualquier circunstancia, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, siempre se benefician como mínimo, de las garantías fundamentales establecidas en el Artículo 75 del Protocolo adicional I (que prohíbe, en especial, la violencia contra la vida o la salud de las personas en poder de una de las partes en un conflicto armado, las torturas de todo tipo, los atentados a la dignidad personal y la toma de rehenes.)”.

“Se garantiza que las personas detenidas por infracciones penales reciban un juicio justo, por lo que los profesionales de los medios de comunicación detenidos se benefician de las mismas garantías fundamentales, sin importar si su detención se relaciona con un conflicto armado internacional o no internacional. Como civiles, los periodistas reciben protección en tiempo de conflicto armado no internacional en virtud del Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, del Protocolo adicional II y del derecho consuetudinario internacional. La deficiencia más grave no es la falta de normas, sino la omisión de aplicar las existentes y de investigar, procesar y sancionar sistemáticamente a los autores de infracciones”.

En otro ámbito, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) cuenta con el mandato de promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos humanos por todas las personas. Este mandato abarca el derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa y otros derechos de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social.