CC frena proceso de antejuicio contra cuatro magistrados del TSE

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido una decisión provisional de amparo a favor de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, y tres magistrados suplentes: Álvaro Cordón, Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo. Estos cuatro profesionales se encontraban entre los ocho magistrados contra quienes el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio.

La decisión de la CC busca frenar las acciones legales dirigidas contra estos magistrados, quienes enfrentan acusaciones de cuatro delitos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación del sistema electrónico de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) utilizado en las elecciones pasadas.

No obstante, la CC no concedió el amparo a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco, quienes también presentaron acciones legales para evitar la pérdida de la inmunidad asociada a sus cargos. La CC argumentó que la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, había emitido un voto disidente en la decisión de adquirir el TREP, y los magistrados suplentes no participaron en la reunión en la cual se aprobó la compra.

Sobre la comisión pesquisidora

En relación con la comisión pesquisidora encargada de conocer el proceso de antejuicio, esta ha fijado el 28 de noviembre como la fecha para emitir su informe. Sin embargo, abogados constitucionalistas señalan que las decisiones de la CC podrían invalidar las acciones de esta comisión, sugiriendo que se debería conformar una nueva pesquisidora.

Gabriel Orellana sugirió que lo apropiado sería conformar una pesquisidora por cada magistrado señalado, ya que la responsabilidad es a título personal. Hasta el momento, la Junta Directiva del Parlamento no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

Sobre el caso del TSE

En cuanto al caso contra el TSE, el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, acusa a los magistrados de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada el 29 de junio por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el TREP. Diputados, como Boris España, ya habían anticipado la presentación de este caso por parte del MP semanas antes de las solicitudes de retiro de inmunidad.

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