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Tribunal Supremo español abre investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont

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Los magistrados del Tribunal Supremo español acordaron por unanimidad abrir una causa para investigar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, bajo el presunto delito de terrorismo. La causa- que también incluye al diputado del parlamento catalán, Ruben Wagensberg- se refiere a acciones durante las protestas de 2019 del movimiento Tsunami Democràtic, contra una sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas. La pesquisa se da a conocer en momentos en que el partido separatista, Junts per Catalunya, aún negocia la ley de amnistía con el Gobierno de Pedro Sánchez. Entérate aquí

Las fuertes protestas que se produjeron en 2019 en medio del denominado movimiento Tsunami Democràtic provocaron una investigación de la Justicia española. Se trata de la organización que hace más de cuatro años convocó a intensas movilizaciones que rechazaban la sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas, por el proceso de autodeterminación de Cataluña, no autorizado.

En el marco de esas protestas, se produjeron hechos como el bloqueo durante varias horas por grupos de manifestantes del aeropuerto internacional de Barcelona, entre otros, hechos que “se incardinan en el delito de terrorismo”, según el Tribunal Supremo español.

“Se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios de aeropuerto y el tráfico aéreo”, señala el documento. Además, menciona las agresiones a los miembros de los Cuerpos de Seguridad causadas por manifestantes. Tsunami Democràtic pudo cometer “delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros”, agregó el Supremo.

Los magistrados decidieron abrir una causa para investigar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al parlamentario de la misma región, Rubén Wagensberg, por supuestos delito de terrorismo.

Por unanimidad, el Tribunal consideró que “es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico”. Ambos están en condición de aforados. Es decir, no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios por sus cargos, sino por el alto tribunal español.

En el auto remarcan que dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones, especialmente a través del movimiento Tsunami Democràtic, con “intentos de paralizar el aeropuerto” y “ataques a edificios públicos y policiales”.

El Supremo abre la pesquisa, pese al rechazo de la propia Fiscalía. La entidad considera que solo existen “meras conjeturas o sospechas”, pero que no se configuran en evidencias claras para abrir una investigación por terrorismo. La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, pidió que la causa sea devuelta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para “agotar la investigación”.

La fiscal aclaró que no pone en duda “la naturaleza delictiva de las acciones” de Tsunami Democràtic, ni cuestiona los “gravísimos incidentes” en las protestas de 2019, pero considera que ningún indicio permite inferir que Puigdemont tuvo participación directa en ese movimiento.

Tras conocer el auto del Supremo español, Puigdemont rechazó rotundamente la idea de ser procesado por terrorismo y criticó a la justicia española. “El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación”, publicó en sus redes sociales.

El líder catalán también puso en duda la veracidad del juez Manuel García Castellón, señalándole de mentiroso. “Que ese mismo personaje sea el que nos acusa de terroristas por las manifestaciones del Tsunami Democrático debería ya dar una pista sobre la veracidad de la causa. Una mentira tras otra, como es propio de los mentirosos confesos como él”.

Y es que el Tribunal adoptó esta decisión después de la exposición de Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional española, sobre los indicios que, a su juicio, acreditan la participación de Puigdemont y Wagensberg en los hechos investigados. En este proceso hay otras 10 personas más que están acusadas, pero que no pueden ser investigados por García Castellón porque no son aforados y carecen de competencia.

Puigdemont fue presidente del Gobierno regional de Cataluña en 2017, cuando se dio la declaración unilateral de independencia. Luego huyó a Bélgica por los procesos judiciales en su contra, mientras que Wagensberg, del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, se fue en enero a Suiza, alegando que desde allí puede preparar mejor su defensa.

El proceso judicial ocurre mientras el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts continúan las negociaciones sobre una ley para amnistiar a independentistas catalanes que podría incluir delitos de terrorismo.  La propuesta de amnistía fue impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace varios meses para conseguir los votos de los partidos independentistas y lograr su investidura.

El partido de Puigdemont, Junts, es uno de ellos, que asegura que mantendría su apoyo parlamentario al Gobierno de Sánchez si la Ley es aprobada. Sin embargo, las partes aún están lejos de un acuerdo. El pasado 30 de enero, la ley de amnistía fue rechazada en el Congreso, con 179 votos contra 171. El propio partido Junts votó en contra porque, según aseguraron sus legisladores, no iba lo suficientemente lejos. El proyecto de ley fue devuelto a una comisión parlamentaria.

Via: france 24