Crece preocupación en Brasil, por situación sanitaria en región amazónica

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quiso recibir a su par francés, Emmanuel Macron, en un lugar simbólico, Belém, la capital del estado de Pará, en la Amazonia. Fue allí donde los dos jefes de Estado anunciaron un plan de 1,080 millones de dólares para promover una economía sostenible en la Amazonia. El objetivo es recaudar contribuciones públicas y privadas en los próximos cuatro años.

El anuncio forma parte de una agenda internacional que ambos mandatarios promoverán de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que tendrá lugar justo en Belém, el año que viene. Este plan, reza el comunicado oficial, pretende unir “la conservación y la gestión del desarrollo sostenible de los bosques” con la “valorización económica” de sus territorios, poniendo “a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en el centro de las decisiones”. “Apoyaremos a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de la Amazonia, que desempeñan un papel esencial en la protección de la biodiversidad a través de sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de gestión forestal”, subraya el documento.

Sin embargo, los planes medioambientales del futuro chocan con la realidad. En Belém, más de 212,000 personas viven en viviendas sin alcantarillado, según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), publicado a finales del pasado mes de febrero. Pero Belém no está sola en este sombrío panorama sanitario.

Según los datos del IBGE, la ciudad con la peor situación de saneamiento es Macapá, capital del estado de Amapá. Aquí, casi la mitad de la población, más exactamente el 44,7% de los habitantes, unas 196,610 personas, viven en casas sin alcantarillado. En esta lista hay también otras ciudades de la región amazónica como Porto Velho, en Rondônia, Manaus en Amazonas, y Maceió, la capital de Alagoas, en el nordeste de Brasil, con respectivamente, el 42,1% (192,347 personas), el 30% (616,669) y el 32,6% (311,183) de personas sin una red de canalizaciones para conducir las aguas residuales urbanas.

Según el Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS) del Ministerio de las Ciudades, Brasil todavía tiene 2,100 vertederos inadecuados. Hay 1,572 basureros y 598 de los llamados “vertederos controlados”, es decir terrenos cercados con acceso restringido que no procesan residuos.

Además, la ley estipula que antes de 2040 al menos la mitad de los residuos producidos en el país tendrán que ser reutilizados. Se trata de los llamados “vertederos sanitarios”, construidos para que los residuos no contaminen el suelo, que se protege con membranas impermeables a tal efecto. Los gases y líquidos que aquí se generan son captados, recogidos y tratados adecuadamente. Un gran avance para Brasil. Sin embargo, para el Secretario de Medio Ambiente Urbano y Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Adalberto Maluf, será imposible conseguirlo en la fecha prevista de agosto.

Lo que Brasil necesita, pues, no es sólo crear un sistema que funcione, sino también una gobernanza mejor. La semana pasada, por ejemplo, la licitación que tuvo lugar en Salvador, en el estado nororiental de Bahía, causó polémica. Según informó la prensa brasileña, a la licitación para un contrato de dos años por valor de 1,300 millones de reales, 260 millones de dólares “concurrieron las mismas empresas de siempre”, que vienen prestando el mismo servicio desde 2018.

Aunque el saneamiento básico es un derecho legal, entre las consecuencias más extendidas están las llamadas Enfermedades Tropicales Negligentes (ETN), como la leptospirosis y la esquistosomiasis, una infección parasitaria que puede atacar al nadar o entrar en contacto con agua contaminada.

Via: infobae