CC mantiene firme la obligación de clasificar la basura en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha rechazado un amparo que buscaba retrasar la implementación del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes.

Esta normativa, que entrará en vigor el 11 de febrero de 2025, exige a los guatemaltecos clasificar sus residuos en diferentes contenedores.

A continuación, los aspectos clave del reglamento aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN):

1. Obligatoriedad y vigilancia:
   El reglamento establece directrices ambientales para la gestión de desechos sólidos, buscando reducir la contaminación. Los Ministerios de Ambiente y Salud, junto con las municipalidades, serán responsables de garantizar su cumplimiento.
2. Planes municipales:
   Las municipalidades deben desarrollar planes para mejorar o implementar servicios de gestión de residuos, siguiendo las especificaciones técnicas del MARN.
3. Fomento del reciclaje:
   Se impulsa el reciclaje mediante procesos físicos, químicos y biológicos para recuperar materiales.
4. Clasificación de residuos:
   Los residuos se dividirán en:

• Primaria: Orgánicos (contenedor verde) e inorgánicos (contenedor negro).
• Secundaria: Papel y cartón (contenedor amarillo), vidrio (contenedor turquesa), plástico (contenedor azul), metal (contenedor gris), y multicapa (contenedor naranja).

1. Inicio de vigencia:
   La normativa obligará a clasificar los residuos a partir del 11 de febrero de 2025.
2. Implementación gradual:
   Durante los primeros dos años, se aplicará la Clasificación Primaria. A partir del tercer año, se introducirá la Clasificación Secundaria.
3. Sujetos obligados:
   Todas las personas, empresas, comercios, industrias, centros comerciales, escuelas y otras actividades productivas deben cumplir con la normativa.
4. Preparación anticipada:
   Las autoridades recomiendan comenzar la separación de residuos desde ahora para facilitar la transición.
5. Denuncias por incumplimiento:
   Las municipalidades, recolectores y ciudadanos podrán denunciar el incumplimiento de la normativa ante las autoridades competentes.
6. Sanciones:
   Las multas por no cumplir con la normativa varían desde un salario mínimo hasta 40 salarios mínimos. Los fondos recaudados se destinarán a programas de conservación ambiental del MARN.