Elecciones y futuro empresarial en Guatemala: ¿qué se juega el sector productivo?

Con las elecciones en el horizonte, el sector productivo guatemalteco vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué reglas del juego marcarán la inversión, el crecimiento y la generación de empleo en los próximos años? En un país donde la estabilidad jurídica y la confianza son moneda de cambio para atraer capital, los empresarios siguen de cerca las señales de la política y los compromisos de los candidatos.

El comunicado “Elecciones y futuro empresarial”, compartido por el sector privado, advierte que las decisiones políticas que se tomen en este ciclo electoral podrían definir por años las condiciones para invertir en Guatemala. Subrayó que medidas como aumentos de impuestos, controles de precios o freno a proyectos de inversión pueden ser políticamente populares, pero al mismo tiempo dañinas para la competitividad y el empleo.

En paralelo, la calificadora S&P Global Ratings elevó la nota soberana de Guatemala de BB a BB+ el pasado 23 de mayo de 2025, respaldando la disciplina macroeconómica y la prudencia fiscal del país. Sin embargo, otros episodios recientes —como la suspensión provisional de la resolución SAT-DSI-393-2025, que buscaba unificar el Número de Identificación Tributaria (NIT) con el Código Único de Identificación (CUI)— pusieron en evidencia la fragilidad de la certeza normativa. Ambas señales conviven y reflejan el reto central: construir confianza.

¿Quiénes están involucrados?

Los principales actores en este tablero son los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros, las gremiales como CACIF y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), así como el Ejecutivo, el Congreso y las cortes, responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y la estabilidad del marco normativo.

Las gremiales han reiterado que sin reglas claras no hay inversión sostenible. “La certeza jurídica, infraestructura y reglas predecibles son indispensables para generar empleo formal”, ha sido el mensaje constante en comunicados de CACIF y entrevistas de líderes industriales.

El impacto es inmediato en la toma de decisiones financieras: cuando la confianza sube, se abaratan créditos y avanzan proyectos; cuando la incertidumbre crece, los planes se frenan. Un ejemplo positivo es la mejora en la calificación soberana, que abarata el financiamiento para el país y el sector privado. Un ejemplo negativo es la incertidumbre normativa, que eleva los costos de operación y pospone la llegada de nuevas inversiones.

Además, en 2024 Guatemala aprobó la Ley de Competencia, que entró en vigencia en 2025 y promete mejorar la productividad si se implementa de manera coherente y técnica. Para los analistas, será clave que este marco se acompañe de reglamentos claros y una autoridad independiente que garantice condiciones justas.

¿Dónde se ve el efecto?

El impacto recorre toda la cadena productiva:

• Agroindustria y manufactura, que demandan crédito competitivo y logística eficiente.
• Energía y transporte, que dependen de infraestructura moderna y regulaciones estables.
• Tecnologías emergentes y plataformas digitales, que requieren reglas claras en ciberseguridad y protección de datos.

El Ministerio de Economía ha señalado que Guatemala puede aprovechar el auge del nearshoring regional, pero para ello necesita agilizar trámites y mejorar carreteras, puertos y energía confiable.

¿Por qué importa ahora?

Porque en un contexto electoral, las promesas pueden sonar atractivas, pero no siempre miden su efecto en la economía real. La nota empresarial lo resume con contundencia: “Tu empresa no puede votar, pero vos sí. Y tu voto define el entorno donde vas a operar.”

La estabilidad política y regulatoria es lo que traduce la confianza en mayores flujos de capital. Y mientras Guatemala envía señales positivas a inversionistas internacionales, los retos locales recuerdan que no basta con buenas cifras: el marco legal y regulatorio debe ser consistente, claro y predecible.

Claves para el sector privado

El comunicado propone medidas prácticas para que las empresas se protejan ante la incertidumbre:

1. Elaborar escenarios y stress tests financieros frente a posibles cambios tributarios.
2. Diversificar mercados y proveedores para reducir vulnerabilidades locales.
3. Preparar planes de continuidad operativa y cadenas de suministro resilientes.
4. Participar en mesas técnicas y consultas públicas para incidir en nuevas normativas.
5. Fortalecer programas de cumplimiento y transparencia para minimizar riesgos políticos.
6. Comunicar de manera proactiva con clientes e inversionistas.

Qué pedir a los candidatos

Según el sector empresarial, los planes de gobierno deberían priorizar:

• Regulación predecible con calendarios claros.
• Política fiscal responsable que no asfixie la inversión.
• Incentivos a la innovación y capacitación de talento.
• Compromisos firmes de respeto a contratos y seguridad jurídica.
• Evaluaciones de impacto regulatorio antes de aprobar reformas.

El futuro empresarial de Guatemala está íntimamente ligado a las decisiones políticas que se tomen en los próximos meses. Si el país logra mantener disciplina fiscal, estabilidad política y marcos normativos claros, el atractivo para la inversión crecerá. Pero si la incertidumbre predomina, el riesgo será frenar proyectos que generan empleo y desarrollo.

En año electoral, el mensaje empresarial es claro: la confianza importa tanto como el voto informado. Y ambos definirán el camino económico de los próximos años.