Cámaras empresariales rechazan ampliación del presupuesto 2025

Las principales cámaras empresariales de Guatemala expresaron su rechazo a la ampliación del presupuesto estatal para 2025, aprobada recientemente por el Congreso. Argumentan que la medida, que asciende a Q4,166.7 millones, representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica del país y carece de mecanismos adecuados de control y transparencia.

El presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Raúl Bouscayrol, calificó la decisión como “irresponsable” y advirtió sobre sus implicaciones a largo plazo. “Como sector industrial, rechazamos esta ampliación presupuestaria, ya que compromete la sostenibilidad económica del país y no prioriza el uso eficiente de los recursos públicos”, afirmó.

Preocupaciones del sector empresarial

Diferentes organizaciones han manifestado su inquietud por el impacto que podría tener el incremento del gasto público sin una ejecución eficiente. La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) destacó tres principales preocupaciones:

1. Aumento del endeudamiento: Señalan que el presupuesto 2025 ya contempla un déficit significativo, y esta ampliación solo agrava el problema.
2. Baja capacidad de ejecución: Advierten que el gobierno no ha demostrado eficiencia en el uso de los fondos disponibles, lo que puede derivar en gastos apresurados al final del año y proyectos de baja calidad.
3. Falta de transparencia en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes): Según Camagro, estos organismos han sido señalados por manejar los recursos con criterios políticos y sin suficiente fiscalización.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, subrayó que el aumento de fondos sin mejorar los mecanismos de ejecución y control podría generar corrupción y mal uso de los recursos.

Cacif: La ampliación debe ser fiscalizada

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) reconoció que la ampliación presupuestaria cumplió con el proceso legal, pero insistió en que debe ser supervisada rigurosamente.

“La prioridad debe ser garantizar una correcta ejecución del gasto y una estricta fiscalización del destino de los fondos”, indicó Carmen María Torrebiarte, presidenta del Cacif.

También cuestionó la necesidad de solicitar más recursos cuando el gobierno aún no ha ejecutado el presupuesto vigente.

Destino de los fondos

El Decreto 1-2025, aprobado de urgencia nacional por el Congreso, contempla la distribución de los Q4,166.7 millones en los siguientes rubros:

• Q1,891.7 millones para los Codedes, financiados con recursos no ejecutados de programas anteriores.
• Q1,625 millones para el pago de las Clases Pasivas del Estado.
• Q56.5 millones para el Seguro Paramétrico, destinado a emergencias.
• Q393.5 millones para el Programa de Reducción de Emisiones (ERPA).
• Q200 millones para el pago del servicio de la deuda pública.

A pesar de la aprobación, sectores empresariales advierten que, sin controles efectivos, la ampliación presupuestaria podría generar un aumento de la deuda pública sin mejoras tangibles en el desarrollo del país.