Confianza económica repunta en julio pese a incertidumbre por eurobonos y comercio exterior

La confianza de los agentes económicos en Guatemala experimentó una leve recuperación durante julio de 2025. Según el reporte mensual del Banco de Guatemala (Banguat), el Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE) se ubicó en 55 puntos, lo que representa un aumento de 2.86 puntos con respecto a junio.

Este crecimiento se produce en un entorno en el que persiste la incertidumbre por la reciente emisión de un eurobono, la política arancelaria adoptada por Estados Unidos y la lenta ejecución del gasto público, especialmente en áreas de infraestructura y desarrollo.

Más allá del umbral de confianza

El ICAE se considera un termómetro clave del sentimiento empresarial y financiero del país. Su escala se centra en los 50 puntos: por encima de este umbral se interpreta como una percepción de confianza; por debajo, refleja cautela o pesimismo.

Durante el primer semestre del año, el índice mostró una tendencia a la baja, pasando de 62.78 en enero a 53.47 en junio, debido a la revisión a la baja de la proyección de crecimiento económico y a la incertidumbre generada por factores externos como las nuevas barreras comerciales de EE. UU. Sin embargo, en julio se registró una leve recuperación.

Emisión de eurobono y liquidez estatal

Uno de los elementos que habría influido positivamente en la percepción económica fue la colocación de un eurobono por US$1,500 millones el 7 de julio por parte del Ministerio de Finanzas.

A pesar de esta liquidez, persisten dudas entre los sectores productivos por la baja ejecución del gasto público, particularmente en programas de infraestructura a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advierte que el gasto público continúa concentrado en salarios y compras de insumos, sin traducirse en dinamismo económico tangible.

Transición portuaria y congestión logística

Otro acontecimiento clave en julio fue la transición operativa entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals Quetzal, que ahora opera como Depósito Aduanero Temporal (DAT).

Esta reestructuración, aunque ordenada, se ha desarrollado en medio de una fuerte congestión portuaria, con más de 40 buques en espera, lo que afecta la cadena de suministro y encarece los costos logísticos para importadores y exportadores.

Asimismo, la red vial nacional sigue presentando deficiencias, especialmente en tramos clave que no han recibido mantenimiento, lo que limita el potencial de recuperación del comercio interno.

Expectativas de inflación y crecimiento

El Banguat también publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), en la que analistas del sector privado estiman que la inflación se ubicará en 3.39% al cierre de 2025 y en 3.86% para 2026, dentro de los márgenes tolerables establecidos por la política monetaria.

Entre los factores que más incidirían en la inflación destacan el comportamiento de los precios de energéticos (14.55%), la inflación externa (13.64%) y el desempeño de la política fiscal (13.64%).

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los analistas prevén un crecimiento real del 3.6% en 2025, ligeramente por encima del 3.5% estimado para 2026.

Estos números están alineados con la última proyección de la Junta Monetaria, que en abril ajustó a la baja su previsión de crecimiento económico desde 4% a 3.8%, influenciada principalmente por las decisiones políticas y comerciales de EE. UU.

Reforma para dinamizar la inversión pública

En el Congreso, diputados oficialistas impulsan una iniciativa de ley orientada a agilizar la inversión pública, en un intento por acelerar la ejecución presupuestaria en sectores como salud, educación y transporte.

La propuesta contempla desembolsos sin autorización superior para contratos de hasta Q2 millones, ampliación de compras directas y la creación de un Fondo para Inversiones Estratégicas (Foinves).

No obstante, esta medida ha generado críticas desde distintos sectores, que advierten sobre la posibilidad de menor control y fiscalización del gasto, especialmente a cinco meses del cierre fiscal.