Gobierno reserva por siete años negociaciones con EE. UU. tras arancel del 10%

El Gobierno de Guatemala declaró confidencial, por un período de siete años, toda la información relacionada con la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, como parte de las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense para iniciar el proceso.

La decisión se produce tras la imposición de un arancel del 10% sobre exportaciones guatemaltecas en abril pasado.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 470-2025 del Ministerio de Economía, publicada el 14 de julio en el Diario de Centro América. Dicha resolución detalla que se mantendrá en reserva toda la documentación, propuestas, correos y anexos relacionados con el proceso de negociación, y que la confidencialidad podrá extenderse por cinco años adicionales si las condiciones persisten.

El contexto: sanciones comerciales y presiones estructurales

En abril de 2025, el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, activó medidas comerciales contra varios países, incluyendo a Guatemala, como parte de una política de reciprocidad frente a prácticas consideradas desleales o restrictivas. La sanción principal: un arancel del 10% sobre productos guatemaltecos, afectando especialmente al sector textil, agrícola y manufacturero.

El informe del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) enumeró ocho obstáculos comerciales en el país centroamericano, incluyendo:

• Barreras técnicas y sanitarias al comercio
• Falta de protección efectiva de la propiedad intelectual
• Corrupción institucional
• Deficiencias en derechos laborales
• Opacidad en las compras públicas
• Falta de acceso a servicios e inversión extranjera.

Gobierno defiende confidencialidad como condición diplomática

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que la confidencialidad fue una exigencia formal del gobierno estadounidense para sentarse a la mesa de negociación. “El principio de confidencialidad es parte de la dinámica diplomática. No es una acción unilateral del Ejecutivo guatemalteco, sino una condición bilateral para entablar el diálogo”, explicó desde el Palacio Nacional.

Sustento legal y salvaguarda de la estabilidad financiera

El Ministerio de Economía, liderado por Gabriela García, invocó el artículo 23, numeral 6, del Decreto 57-2008 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual permite clasificar como reservada la información que, si se divulga antes de la toma de decisiones, pueda comprometer la estabilidad económica, financiera o monetaria del país.

La documentación clasificada estará bajo la custodia del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, a cargo de Héctor Marroquín, quien será responsable de su manejo hasta la expiración de la medida.

¿Cómo avanza la negociación?

Desde el 4 de abril se activó una hoja de ruta diplomática entre Guatemala y Estados Unidos para atender los señalamientos del USTR. Esta incluye:

• Rondas técnicas con agencias comerciales estadounidenses
• Visitas de funcionarios guatemaltecos a Washington D.C.
• Participación activa del sector privado nacional, incluyendo AmCham
• Fortalecimiento de capacidades institucionales en propiedad intelectual y comercio exterior.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por su parte, firmó un memorándum de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y la Organización Mundial de Aduanas, orientado a mejorar el control de contenedores y facilitar el comercio bilateral.

Además, se está trabajando en la profesionalización del personal del Registro de la Propiedad Intelectual, en alianza con AmCham, como parte de los esfuerzos para responder a los señalamientos en el área de piratería y falsificación.

¿Qué implica la confidencialidad para la transparencia?

Aunque la clasificación de la información ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores, el Ejecutivo sostiene que esta responde a estándares internacionales y que, al concluir las negociaciones, se hará pública la información relevante. “Una vez finalizado el proceso, se acordará qué contenidos se pueden divulgar. El procedimiento, aunque reservado, es transparente en sus mecanismos”, puntualizó Arévalo.