Reformas económicas y legales: lo que toda empresa debe saber en 2025

El entorno regulatorio en Guatemala está atravesando cambios importantes que afectan al clima de negocios. Desde la entrada en vigor de la Ley de Competencia, hasta el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, la obligatoriedad de la seguridad social y las recientes reformas al Código de Comercio, las empresas (grandes y pequeñas) enfrentan un escenario que exige mayor formalidad y cumplimiento.

Ley de Competencia: avances y dudas

A ocho meses de la entrada en vigor del Decreto 32-2024, Guatemala avanza en la conformación de la Superintendencia de Competencia (SIC). El Directorio ya celebró su primera sesión y eligió como presidente a Javier Enrique Bauer Herbruger, pero aún falta designar al primer Superintendente Ejecutivo y emitir los reglamentos internos.

Mientras en redes y fuentes no oficiales se menciona que la Superintendencia ya celebró su primera sesión (agosto 2025), ls ya iniciaron. El suspenso alrededor de la difusión o mera existencia de los  manuales técnicos, criterios de sanción publicados, genera incertidumbre, pues el hermetismo y agenda de la superintendencia se mantiene al margen de la transparencia y rendición de cuentas ciudadana. Aunque esta ley impacta directamente a corporaciones en procesos de fusiones, adquisiciones y prácticas de dominancia, las PYME no están exentas: la falta de reglas claras puede derivar en interpretaciones discrecionales que afecten a cualquier empresa.

Régimen de Pequeño Contribuyente: un alivio con condiciones

Desde 2025, el límite de facturación anual para acogerse al régimen se elevó a Q 465,381.25 (equivalente a 125 salarios mínimos no agrícolas). Esto permite que más pequeños negocios tributen con una tasa simplificada del 5 % sobre ingresos brutos.

El beneficio es claro pues a menos carga administrativa y facilidad para formalizarse. Sin embargo, las facturas bajo este régimen no generan crédito fiscal, lo que puede restar atractivo para clientes corporativos. Además, si la empresa supera el umbral de ingresos, debe migrar al régimen general, con obligaciones contables más complejas.

Seguridad social obligatoria

Con las disposiciones recientes, toda empresa —sin importar su tamaño— debe inscribir a sus trabajadores en el IGSS desde el primer empleado. Esto representa un avance en derechos laborales, pero también incrementa costos para las micro y pequeñas empresas, que antes podían operar en la informalidad.

Fiscalización tributaria más estricta

La SAT ha intensificado controles electrónicos, cruces de información y auditorías. Esto implica que las empresas, especialmente las PYME en régimen general, deben reforzar su cumplimiento contable y tributario, so pena de sanciones y multas.

Reformas al Código de Comercio

Los cambios recientes buscan modernizar procesos mercantiles y agilizar la constitución de sociedades. Para las empresas emergentes, es una oportunidad de formalizarse con mayor rapidez; sin embargo, también implica nuevas obligaciones que muchos pequeños empresarios desconocen.

Fiscalización laboral y salario mínimo

El Ministerio de Trabajo ha fortalecido las inspecciones para verificar el cumplimiento de salario mínimo y prestaciones. Esto obliga a los negocios pequeños a profesionalizar la contratación y documentación laboral, reduciendo los márgenes de informalidad.

Medidas inmediatas para las empresas

Ante este panorama, especialistas recomiendan:

• 1. Monitorear cambios normativos: asignar un responsable interno que dé seguimiento a circulares y reformas.
• 2. Documentar procesos internos: para evidenciar buenas prácticas ante inspecciones tributarias o laborales.
• 3. Evaluar el régimen tributario: definir si conviene permanecer como pequeño contribuyente o migrar al régimen general.
• 4. Cumplimiento laboral: registrar a todos los empleados en IGSS y cumplir con prestaciones.
• 5. Asesoría preventiva: invertir en consultoría legal y contable antes de enfrentar sanciones.
• 6. Transparencia hacia clientes e inversionistas: comunicar esfuerzos de cumplimiento para generar confianza.

Un reto de institucionalidad y confianza

El éxito de estas reformas dependerá de la claridad técnica de sus reglamentos y de la capacidad de las instituciones de aplicarlos con transparencia. Guatemala enfrenta la oportunidad de modernizar su marco empresarial y atraer inversión, pero también el reto de evitar que la complejidad regulatoria se convierta en una barrera para la competitividad.