2026: El año en que Guatemala debe defender su República – Editorial

El 2026 marcará un momento decisivo para la vida institucional de Guatemala. Ese año se renovarán las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. También se elegirán magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como nuevas autoridades en el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. No se trata de un simple cambio de funcionarios, sino de la definición del rumbo que tomará nuestro Estado de derecho. De esas designaciones depende la transparencia de las elecciones, la defensa de la Constitución, la independencia de la justicia y la vigilancia sobre los recursos públicos. En pocas palabras: está en juego la salud misma de la República.

En una democracia, los pesos y contrapesos no son un lujo, sino una necesidad. El Ejecutivo concentra poder político, pero no puede ni debe actuar sin límites. El verdadero resguardo de la libertad ciudadana está en que existan instituciones capaces de cuestionar, fiscalizar y frenar cualquier exceso. Por eso resulta indispensable que los magistrados del TSE y la CC, el Fiscal General y el Contralor actúen con total independencia. Si estos puestos caen en manos comprometidas con intereses particulares, la concentración del poder será inevitable y con ella el riesgo de autoritarismo.

El Estado de derecho es el escudo que protege al ciudadano común. Cuando la ley se aplica a todos por igual, la libertad florece y cada persona puede vivir sin miedo a la arbitrariedad ni a la persecución política. Pero cuando las leyes se manipulan o se convierten en herramientas al servicio de unos pocos, lo que se rompe es el contrato social que sostiene la República. Guatemala necesita autoridades que garanticen la igualdad ante la ley, porque sin esa certeza, la democracia se convierte en una fachada vacía.

No debe olvidarse que la certeza jurídica también es la base del desarrollo económico. Ningún inversionista confía en un país donde las reglas cambian de acuerdo a la conveniencia de quienes ostentan el poder. Sin instituciones sólidas, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión ni oportunidades para la gente. El 2026, por lo tanto, no solo definirá la solidez del sistema político, sino también la posibilidad de construir un futuro de crecimiento y prosperidad para todos los guatemaltecos.

Defender la República significa entender que las instituciones son más importantes que los gobiernos de turno. La ciudadanía tiene un papel crucial: exigir transparencia en las comisiones de postulación, vigilar los procesos y no permitir que la captura del Estado siga avanzando. Si la sociedad se mantiene indiferente, serán otros quienes decidan el futuro de nuestras libertades. En cambio, si la ciudadanía actúa con firmeza, será posible garantizar que los árbitros del sistema respondan a la Constitución y no a intereses ocultos.

El 2026 es una oportunidad histórica para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la libertad. La República se sostiene en pesos y contrapesos reales, en el respeto a la ley y en instituciones independientes. Guatemala debe aprovechar este momento para blindar su futuro y demostrar que es un país que cree en la justicia y en la igualdad ante la ley. La defensa de la ley es la defensa de nuestra libertad, y esa es una causa que ningún ciudadano puede abandonar.