Congreso de la República: Fragmentación, parálisis y el costo para la ciudadanía – Editorial

El inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República estuvo lejos de reflejar unidad y compromiso con el país. Por el contrario, se vio marcado por el espectáculo político y la confirmación de una crisis de liderazgo legislativo que amenaza con paralizar decisiones cruciales para Guatemala.

Mientras el diputado Luis Aguirre, del Partido Cabal, intentaba acaparar el protagonismo en una manifestación (de la cual los propios organizadores pidieron desligar al Diputado Aguirre), el bloque de diputados electos por el cancelado partido Semilla dejó en evidencia su profunda división. La distancia entre quienes hoy operan desde el Ejecutivo y aquellos que integran el comité pro formación de Raíces es inocultable, y con ella se desvanece la expectativa de un oficialismo cohesionado y capaz de impulsar una agenda clara.

Las consecuencias de esta ruptura ya se sienten. La elección de la Junta Directiva y la aprobación del Presupuesto de la Nación son decisiones clave en la agenda parlamentaria, pero el oficialismo ha mostrado una ausencia casi total de iniciativas prioritarias. La incapacidad para articular operadores políticos efectivos en el Legislativo no solo exhibe debilidad, sino que limita seriamente la capacidad del Ejecutivo para incidir en el rumbo del país.

Por otro lado, las iniciativas promovida por el oficialismo como la 6576, han sido calificadas como un retroceso en la llamada “Lucha Contra la Corrupción”, pues como consecuencia de la inexperiencia e incapacidad del Ejecutivo por resolver los retos de ejecución y asignación presupuestaria, se ha planteado la posibilidad de recurrir a recursos que permitirían el uso de principios de arbitrariedad y clientelismo político.

A esta crisis se suma la hiper fragmentación política del pleno. Aunque dispersa, la oposición tiene la oportunidad de articularse y tomar el control de la agenda legislativa. Sin embargo, esta posibilidad, lejos de garantizar un contrapeso constructivo, podría derivar en una pugna por cuotas de poder antes que en la defensa de los intereses de la ciudadanía.

En este contexto, la urgencia es evidente: retomar el respeto irrestricto al Estado de Derecho, establecer una agenda legislativa coherente y actuar con responsabilidad política. La ciudadanía guatemalteca no puede seguir siendo rehén de la inoperancia y el cálculo partidista. El Congreso debe recordar que su mandato es legislar para el país, no para sus facciones ni intereses particulares.

Guatemala no necesita más divisiones ni excusas; requiere decisiones firmes, consensos reales y una agenda que responda a las demandas urgentes de desarrollo, transparencia y gobernabilidad. De lo contrario, se continuará alimentando un vacío de liderazgo que profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.