Crímenes sin bandera: la urgencia de una justicia imparcial para víctimas del conflicto armado en Guatemala – Editorial

La reciente publicación conjunta de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en ocasión del fallecimiento del general retirado Manuel Antonio Callejas y Callejas, ha generado una fuerte ola de reacciones y controversias en redes sociales. El comunicado busca reiterar múltiples acusaciones contra el general Callejas, sin embargo, para un amplio sector de la ciudadanía y analistas, esta nota evidencia nuevamente una narrativa selectiva de la historia del conflicto armado interno guatemalteco, que busca invisibilizar los crímenes cometidos por la guerrilla y niega el contexto de violencia sistemática que sufrió el Estado.

Aunque han intentado proyectar a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) como una voz moral dentro del panorama nacional, su origen y trayectoria revelan una realidad distinta. Su funcionamiento actual levanta serias dudas sobre su legitimidad y transparencia. Aunque opera bajo el nombre del Arzobispado, la ODHA no representa formalmente a la Iglesia Católica ni actúa bajo una autoridad eclesiástica directa. Sino más bien se trata de una oficina laica que, lejos de limitarse a la promoción imparcial de los derechos humanos, ha sido utilizada como una plataforma política,  instrumentalizada para defender posturas ideológicas particulares que no reflejan necesariamente la doctrina ni la postura oficial de la Iglesia.

Esta distorsión genera confusión en la ciudadanía, pues muchas de sus declaraciones y acciones se difunden como si fueran vocería oficial, cuando en realidad responden a agendas externas al magisterio de la Iglesia.

Resulta preocupante que, mientras se exige justicia internacional y condena pública para las actuaciones del Ejército, las acciones criminales perpetradas por las fuerzas insurgentes durante las décadas de violencia sean constantemente omitidas del debate. Diferentes fuentes históricas y públicas subrayan con documentos, testimonios y fuentes desclasificadas, las masacres, secuestros, reclutamiento de menores, torturas y atentados dirigidos por la guerrilla, muchos de los cuales no han sido ni documentados judicialmente ni abordados con la misma vehemencia, lo cual resalta la pregunta, ¿Dónde está la justicia para las víctimas civiles de estos hechos?.

La nota de prensa de AJR y ODHAG no solo retoma los cargos imputados a Callejas ,aún y cuando algunos de ellos en procesos abiertos, sino que además asume una posición de presión abierta hacia organismos internacionales para que “el Estado de Guatemala cumpla su obligación de investigar y sancionar a los perpetradores”, lo que en principio es correcto, pero que busca viciar el proceso de investigación y justicia, cuando esta exigencia se hace únicamente desde una óptica ideológica.

Una comprensión ética e integral del conflicto armado interno en Guatemala requiere reconocer que la violencia y acciones de los diferentes actores involucrados dejaron profundas heridas en comunidades campesinas y familias inocentes que quedaron atrapadas en medio del enfrentamiento. Las disputas ideológicas por imponer una sola versión de los hechos han generado una narrativa parcial que limita el acceso a una justicia equilibrada y a una memoria colectiva auténtica. Esta competencia por el relato histórico no solo alimenta tensiones políticas actuales, sino que también obstaculiza la construcción de un sistema judicial verdaderamente imparcial, que responda al dolor de todas las víctimas, sin distinción de actor o ideología.

Existen suficientes argumentos jurídicos y personales para el actuar del Ejército como una respuesta legítima frente a la amenaza insurgente que pretendía alterar el orden constitucional y someter al país a un modelo violento e ideológico. Esto no significa negar algunos excesos cometidos por mandos militares específicos, pero sí exigir que el relato sea completo, legal y respetuoso de los derechos de todas las víctimas. El principio de justicia transicional no puede convertirse en una herramienta de venganza selectiva ni de revictimización política.

Guatemala necesita un sistema de justicia verdaderamente imparcial, que no actúe bajo presiones mediáticas ni responda a intereses ideológicos, sino que busque la verdad completa. Los crímenes del conflicto armado no deben tener bandera, religión ni partido. La historia no puede seguir siendo reescrita desde una sola narrativa. Reconocer la complejidad del conflicto y respetar la memoria de todas las víctimas es el primer paso hacia una reconciliación real y sostenible.