Desinformación digital: un riesgo democrático en Guatemala – Editorial

En la era de la hiperconectividad, las redes sociales se han convertido en un espacio de confrontación política donde circulan tanto ideas como engaños. En Guatemala, como en el resto de Centroamérica, estas plataformas facilitan el acceso a la información, pero también actúan como amplificadores de la desinformación, especialmente en contextos electorales o de crisis. El desarrollo acelerado de herramientas de inteligencia artificial (IA), capaces de crear imágenes falsas o audios manipulados, agrava esta situación y pone en riesgo los derechos fundamentales, como el derecho a la identidad y a una información veraz.

Los contenidos engañosos hoy no solo se presentan en textos, sino en imágenes y videos fabricados con IA. Deepfakes que simulan a figuras públicas en situaciones comprometedoras o fotografías alteradas de protestas y eventos políticos pueden modificar la percepción colectiva en cuestión de horas. Esto socava la confianza ciudadana en las instituciones y fomenta la polarización, debilitando el tejido democrático. En Guatemala, donde el escrutinio público es frágil y la justicia digital es aún incipiente, estos riesgos adquieren una dimensión alarmante.

Además, la IA no solo genera desinformación: también contribuye a su distribución masiva y dirigida. Algoritmos pueden amplificar contenido falso según intereses políticos o económicos, mientras que bots y cuentas falsas simulan apoyo o rechazo social. Sin una regulación adecuada, la tecnología se convierte en arma de manipulación electoral. En el caso guatemalteco, donde la transparencia institucional enfrenta retos históricos, esta amenaza tecnológica puede entorpecer cualquier intento de fortalecimiento democrático.

El problema se agrava por la brecha digital: según datos del Banco Mundial, casi la mitad de los guatemaltecos no tiene acceso regular a internet, y en áreas rurales el porcentaje es aún menor. Esta desigualdad impide el desarrollo de una ciudadanía crítica y facilita que las narrativas manipuladas se impongan en comunidades con poco acceso a medios confiables. A ello se suma una creciente desconfianza hacia los medios tradicionales, que deja el camino libre a los rumores y la desinformación viral.

El derecho a la identidad se ve comprometido cuando cualquier persona puede ser suplantada digitalmente o retratada de forma falsa sin consecuencias para los responsables. En Guatemala, no existe un marco legal robusto que proteja a las víctimas de este tipo de agresiones digitales. Sin mecanismos legales claros, los afectados, ya sean líderes sociales, periodistas o ciudadanos comunes quedan expuestos a campañas de desprestigio sin posibilidades efectivas de reparación.

Frente a este panorama, urge una respuesta integral: educación mediática desde las escuelas, inversión estatal en alfabetización digital y regulación que garantice la transparencia de las plataformas. La sociedad civil, los medios independientes y las instituciones deben trabajar juntos para fortalecer la veracidad en el espacio público. No se trata de censura, sino de construir un entorno digital justo, donde la libertad de expresión no sea usada como escudo para atacar la verdad. Guatemala tiene la oportunidad de liderar esta transformación antes de que la mentira se normalice como herramienta política.