El alto costo de la improvisación del Gobierno – Editorial

El gobierno de Bernardo Arévalo ha mostrado una constante incapacidad para consolidar un rumbo político y administrativo coherente. Desde el inicio de su mandato, la gestión se ha caracterizado por una cadena de decisiones erráticas, rotaciones de funcionarios y respuestas reactivas ante las crisis. Lo que debió ser una administración de Estado se ha convertido en una estructura frágil, donde la improvisación sustituye a la planificación y el relevo constante ocupa el lugar de la gestión efectiva.

En menos de dos años, el Ejecutivo ha acumulado decenas de cambios en ministerios, viceministerios y direcciones, una cifra que supera los 60 movimientos según recuentos periodísticos. La sustitución frecuente de altos funcionarios no solo evidencia desorganización interna, sino también una alarmante falta de liderazgo y control político. Cada reemplazo interrumpe procesos, frena políticas públicas y desarticula equipos técnicos que deberían sostener la estabilidad institucional.

La destitución de la ministra de Ambiente en 2024 y la reciente salida del ministro de Gobernación, tras la fuga de veinte reos del penal Fraijanes II, son ejemplos concretos de un gobierno que actúa únicamente después del colapso. Las renuncias y destituciones son tratadas como mecanismos de contención mediática, no como parte de una estrategia de responsabilidad o reforma institucional. El resultado es un aparato estatal en permanente crisis, donde la reacción inmediata reemplaza a la previsión.

La inestabilidad ministerial ha deteriorado la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas sostenibles. Los cambios constantes generan vacíos de dirección, retrasos en la ejecución presupuestaria y parálisis administrativa. Los ministerios más sensibles como Gobernación, Comunicaciones o Salud, operan bajo esquemas temporales que impiden cualquier planificación de mediano plazo. La administración de Arévalo se ha convertido en un gobierno interino dentro de sí mismo.

A la debilidad técnica se suma la fragilidad política. El Ejecutivo carece de una estructura de poder sólida en el Congreso y muestra una relación desgastada con sus propias bases. Esta falta de respaldo complica aún más la gobernabilidad y empuja al presidente a nombrar funcionarios por conveniencia coyuntural antes que por mérito o idoneidad. Cada cambio parece una concesión a la presión, no una decisión de autoridad.

El discurso oficial, centrado en la transparencia y la renovación institucional, ha perdido toda coherencia frente a la realidad. Las promesas iniciales se desvanecen ante un panorama donde la inestabilidad es la norma y la gestión pública avanza entre crisis y rectificaciones. Un gobierno que no logra sostener a sus propios ministros difícilmente puede sostener una política de Estado.

Guatemala enfrenta hoy un vacío de conducción. La administración Arévalo ha demostrado que sin planificación, disciplina ni control político, la esperanza se convierte en desorden y la democracia se debilita desde el propio Ejecutivo. Gobernar no es sustituir nombres, es construir resultados. Y en casi dos años de gestión, los relevos han sido la única constante.