El colapso de la zona limítrofe y la incapacidad por garantizar seguridad – Editorial

La crisis de seguridad que atraviesa Guatemala ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una prueba contundente del vacío de liderazgo del Ejecutivo encabezado por Bernardo Arévalo. La situación en la zona limítrofe de Huehuetenango y San Marcos, donde grupos criminales armados operan con creciente libertad, es la evidencia más clara de un Estado debilitado y de un gobierno incapaz de ejercer control territorial efectivo. Lejos de anticipar el problema, el Ejecutivo reaccionó tarde, sin una estrategia clara y sin una visión institucional que articule seguridad, inteligencia y presencia estatal sostenida, a pesar de que la seguridad fronteriza y la soberanía geográfica son una responsabilidad directa del Ejército por mandato constitucional y por la ley marco vigente.

Los datos oficiales confirman que la violencia no solo persiste, sino que se incrementa. Según información de la Policía Nacional Civil presentada ante el Congreso de la República, entre enero y julio de 2025 se registraron 1,385 homicidios, frente a 1,120 en el mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento del 23.7 %. Esta cifra desmiente cualquier discurso de contención exitosa y evidencia que la política de seguridad del gobierno de Arévalo no ha logrado frenar la tendencia ascendente de la violencia, particularmente en territorios fronterizos estratégicos.

El panorama se agrava al observar el comportamiento estructural del delito. De acuerdo con registros consolidados por el INE y análisis basados en datos de la PNC, Guatemala cerró 2024 con 2,869 homicidios y una tasa superior a 16 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2025, informes de seguimiento de violencia reportados por medios nacionales y centros de análisis indican que la tasa interanual alcanzó aproximadamente 17.65 homicidios por cada 100,000 habitantes, con al menos 326 muertes más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras confirman que el deterioro de la seguridad es sostenido y que las zonas limítrofes se han convertido en corredores de alto riesgo.

La frontera occidental se ha convertido en el síntoma más visible de este fracaso. En Huehuetenango y San Marcos se han registrado enfrentamientos armados vinculados a estructuras del crimen organizado transnacional, reconocidos por las propias autoridades y documentados por reportes periodísticos. En estos hechos se utilizaron armas de alto poder y, según reportes preliminares, varios fusiles tipo Galil abandonados por supuestos narcotraficantes durante los ataques corresponderían a armas que habían sido robadas con anterioridad. Este dato no solo agrava la dimensión del conflicto, sino que evidencia fallas graves en el control de armamento y en la protección de los arsenales bajo responsabilidad estatal.

Este escenario resulta aún más delicado si se considera que el Ejército de Guatemala es, por mandato constitucional y por la ley marco, el principal responsable de la seguridad fronteriza y de la defensa de la soberanía geográfica. La pérdida de control en la zona limítrofe, la presencia armada de grupos criminales y el uso de armas presuntamente robadas reflejan una cadena de omisiones y responsabilidades institucionales que el Ejecutivo no ha querido o no ha sabido asumir con claridad.

El Ministerio de Gobernación, bajo la conducción política del presidente, tampoco ha logrado articular una respuesta institucional sólida. La Policía Nacional Civil continúa operando con limitaciones graves de personal, logística e inteligencia, mientras la coordinación con el Ejército se ha utilizado como un recurso reactivo y no como parte de una estrategia integral de seguridad. Esta improvisación confirma la ausencia de una planificación estructural y de una conducción estratégica coherente desde el Ejecutivo.

Bernardo Arévalo ha demostrado una preocupante desconexión entre el discurso y la acción. Su gobierno carece de una política de Estado en seguridad que establezca objetivos claros, métricas verificables y una ruta institucional sostenida. La crisis en la zona limítrofe no es un hecho aislado, es la consecuencia directa de decisiones tardías, de una lectura errónea de la amenaza criminal y de la falta de liderazgo para exigir resultados a las instituciones responsables. La seguridad en Guatemala atraviesa hoy una crisis que es, ante todo, política y estratégica. Mientras el Ejecutivo continúe sin asumir con firmeza su responsabilidad de liderar una política integral de seguridad y de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en las fronteras, la violencia seguirá avanzando y el control territorial continuará deteriorándose. La frontera desbordada es la prueba más contundente de un gobierno sin rumbo claro en materia de seguridad y de un presidente que no ha logrado traducir su narrativa de cambio en resultados concretos para proteger a la ciudadanía.