El Ejecutivo: fuego cruzado y cortinas de humo – Editorial

Nahualá volvió a colocarse en el centro del mapa por razones equivocadas, pero el verdadero foco del problema no está únicamente en el conflicto entre comunidades, sino en la incapacidad del Ejecutivo para anticipar, contener y explicar una crisis de seguridad que lleva años gestándose. Los recientes enfrentamientos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dejaron escenas de fuego cruzado prolongado, bloqueos de carreteras y personas retenidas en medio de la violencia, hechos que evidencian un colapso operativo del Estado más que un simple rebrote de tensiones históricas.

Durante los incidentes se registraron ataques coordinados contra un destacamento militar y una subestación policial, así como la interrupción total de la libre locomoción, incluyendo la retención de autobuses y civiles. Estos hechos no son propios de un conflicto comunitario espontáneo, sino de estructuras armadas con capacidad logística, armamento de alto calibre y control territorial temporal. Aun así, la respuesta estatal fue tardía y fragmentada, limitada a declaraciones parciales y a la imposición de un estado de prevención por 15 días que llega cuando el daño ya estaba hecho.

La actuación del Ministerio de Gobernación ha sido especialmente errática. Por un lado, la propia cartera reconoció públicamente la existencia de grupos paralelos operando en la zona, una admisión grave que confirma la pérdida de control del Estado en territorios específicos. Por otro lado, la Policía Nacional Civil incurrió en contradicciones evidentes, primero admitiendo que agentes fueron retenidos y utilizados como escudos humanos, para luego desmentir su propio informe, argumentando que fue elaborado bajo amenazas. Esta secuencia no solo debilita la credibilidad institucional, sino que demuestra una preocupante falta de protocolos, liderazgo y respaldo político a las fuerzas en el terreno.

Más delicada aún es la desaparición práctica del Ministerio de Defensa del espacio público y del debate institucional. En una crisis donde la Constitución asigna al Ejército la responsabilidad de resguardar la soberanía, apoyar la seguridad interior y proteger infraestructura estratégica, el silencio del Ministerio de Defensa resulta injustificable. El ministro de la Defensa no dio la cara en los momentos más críticos y, peor aún, la institución negó información solicitada por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública, obligando a recurrir a una exhibición personal para intentar obtener datos básicos. Este comportamiento no solo roza la ilegalidad administrativa, sino que refuerza la percepción de un Ejecutivo que esconde información en lugar de rendir cuentas.

La ausencia de cifras claras sobre fallecidos, heridos, detenidos y decomisos, así como la falta de un relato unificado entre Gobernación y Defensa, confirman que el problema no es únicamente operativo, sino político y estratégico. El Ejecutivo no logra coordinar a sus propias instituciones, no controla la narrativa y no transmite autoridad. En ese vacío proliferan versiones contradictorias, miedo ciudadano y la sensación de que amplias zonas del país están siendo abandonadas a su suerte.

El conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es real y tiene raíces históricas profundas, pero usarlo como explicación única es una forma de evasión. Lo que hoy se observa es la normalización de actores armados ilegales, la incapacidad del Estado para desarticularlos y una respuesta reactiva que se activa solo cuando la violencia ya escaló a niveles imposibles de ocultar.

En este contexto, resulta revelador que el Ejecutivo impulse con fuerza mediática medidas como el aumento al salario mínimo, presentándolas como gestos de sensibilidad social. Sin embargo, lejos de resolver los problemas estructurales del país, estas decisiones funcionan como distracciones clientelares que buscan desviar la atención de una crisis de seguridad que se agrava día a día. Sin una política integral de seguridad, sin coordinación institucional y sin transparencia, cualquier medida económica termina siendo una cortina de humo frente a un Estado que falla en su obligación más básica: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.

Mientras el Ejecutivo siga administrando la crisis con silencios, contradicciones y anuncios populistas, Nahualá no será una excepción, sino un anticipo de lo que ocurre cuando el poder se desentiende de su responsabilidad y deja que el fuego cruzado sustituya a la autoridad.