El Ejército de Guatemala: Entre la Confianza Pública y las Tensiones Internas – Editorial

Desde su fundación en 1871, tras la Revolución Liberal liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, el Ejército de Guatemala ha sido una de las instituciones más influyentes en la construcción del Estado moderno. Nació con la misión de consolidar el orden interno y defender la soberanía nacional, pero su historia ha estado marcada por un complejo equilibrio entre el poder político, la seguridad nacional y la percepción pública.

En momentos clave, el Ejército ha sido protagonista de gestas que han fortalecido su legitimidad. Uno de sus hitos más reconocidos fue su papel humanitario tras el terremoto de 1976, cuando miles de efectivos se desplegaron por todo el país para participar en tareas de rescate, atención médica y reconstrucción. Años más tarde, su involucramiento en el proceso de paz que culminó en 1996 también dejó una huella profunda: como parte de los Acuerdos de Paz, el Ejército asumió el compromiso de desmovilizar estructuras contrainsurgentes y redefinir su misión bajo principios democráticos, profesionales y apolíticos, en consonancia con la Constitución.

Estas acciones han cimentado una imagen de servicio a la nación, reforzada por su rol como fuerza de respuesta inmediata ante emergencias y desastres naturales. Durante la erupción del Volcán de Fuego en 2018, el Ejército colaboró activamente en la evacuación de comunidades, la búsqueda de víctimas y la habilitación de albergues temporales. En eventos más recientes, como las tormentas Eta e Iota en 2020, su intervención fue crucial para despejar carreteras colapsadas, restaurar puentes destruidos y reconectar a comunidades enteras con el resto del país. En todos estos escenarios, su presencia ha sido vital para proteger a la población y restablecer el orden en contextos de colapso institucional y crisis humanitaria.

Como reflejo de ese desempeño, el Ejército de Guatemala ha sostenido niveles altos de confianza ciudadana, especialmente frente a otras instituciones estatales. Encuestas regionales, como las del Latinobarómetro, lo ubican de forma constante entre los organismos con mayor credibilidad del país, superando incluso a instancias civiles y políticas. Su presencia activa en áreas rurales, donde brinda asistencia médica, apoyo logístico y seguridad, ha contribuido a consolidar su imagen como garante de estabilidad en zonas con débil cobertura estatal.

Pero esa percepción pública positiva contrasta con una realidad interna cada vez más tensa. El Ejército atraviesa actualmente una etapa de incertidumbre institucional, marcada por cuestionamientos al liderazgo del ministro de la Defensa, Henry Sáenz Ramos, quien ha permanecido en el cargo más allá del período constitucional y enfrenta serias acusaciones. Es la primera vez en la historia del Ejército que se comete este acto inconstitucional e ilegal de prolongación de funciones, en abierta violación de la Ley Constitutiva del Ejército. Esta situación configura posibles delitos tanto del Ministro como del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, al incumplir los límites legales que rigen el nombramiento y duración en funciones de las autoridades de defensa. Un análisis reciente del exrepresentante del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala que Sáenz Ramos habría facilitado la entrega de terrenos estratégicos, como en el caso de Puerto Quetzal, a intereses extranjeros, lo que ha generado malestar tanto dentro como fuera del país.

A ello se suma el hecho de que su perfil es predominantemente administrativo, sin experiencia táctica ni de campo, lo que ha provocado inconformidad entre mandos castrenses que comparan su gestión con la de líderes militares de carrera. Estas tensiones se enmarcan en una coyuntura política más amplia, caracterizada por enfrentamientos entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y sectores conservadores, en la que el Ejército se ve cada vez más presionado a definir su alineación institucional, su autonomía y su rol en la defensa del orden constitucional.

La comunidad internacional, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, ha intensificado su presión sobre el gobierno guatemalteco, exigiendo transparencia, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, especialmente en el sector defensa. Esta exigencia externa se encuentra con un creciente descontento interno: un grupo de oficiales activos del Ejército ha emitido una carta institucional al ministro Sáenz Ramos, en la que expresan su preocupación por lo que califican como un grave deterioro de la moral, la disciplina y el profesionalismo dentro de la institución.

En la misiva, los oficiales denuncian prácticas de nepotismo, nombramientos basados en lealtades personales y decisiones administrativas que ignoran los méritos profesionales y la normativa militar. Como ejemplo concreto, citan el fallido operativo del 8 de junio en La Mesilla, Huehuetenango, una zona estratégica en la frontera con México. Según los firmantes, esa operación mal ejecutada —resultado directo de errores de liderazgo y planificación— afectó negativamente la imagen y efectividad del Ejército en una región clave para el control territorial.

Los autores del documento aclaran que su intención no es subvertir el orden constitucional ni incurrir en insubordinación, sino defender los principios éticos y legales que deben regir a la institución armada. Señalan con preocupación que mientras muchos soldados sobreviven en condiciones precarias, alimentándose únicamente de frijol, arroz y tortillas, sin agua potable ni servicios básicos, ciertos allegados al ministro disfrutan de privilegios personales y beneficios fuera de norma. Además, acusan a varios de sus asesores, tanto civiles como militares, de construir narrativas para desacreditar a quienes denuncian irregularidades dentro del Ejército.

El documento cierra con una exigencia clara: la renuncia inmediata del ministro de la Defensa. También invoca el artículo 156 de la Constitución, que establece que ningún funcionario debe obedecer órdenes manifiestamente ilegales, y lanza una advertencia: a partir del 28 de junio de 2025, los oficiales firmantes no acatarán órdenes que violen la ley o contradigan el honor militar. El llamado apela directamente a la conciencia del ministro, su juramento como soldado y su responsabilidad histórica frente al país.

Así, el Ejército de Guatemala se encuentra en una encrucijada crítica. Por un lado, mantiene la confianza de amplios sectores de la población y sigue siendo un actor fundamental en momentos de crisis. Por el otro, enfrenta una tormenta interna que pone en juego su cohesión, su integridad y su papel dentro del sistema democrático. Lo que está en juego no es solo la conducción del Ministerio de la Defensa, sino el modelo mismo de institucionalidad militar que el país necesita para afrontar los desafíos del presente y el futuro.