El recuento de los daños – Editorial

El año de gobierno de Bernardo Arévalo cerró con un balance negativo para amplios sectores de la sociedad guatemalteca, incluidos ciudadanos que respaldaron su llegada al poder en enero de 2024 con la expectativa de un cambio real. Lejos de consolidar una administración eficiente, el periodo evaluado dejó la percepción de un Ejecutivo débil en la toma de decisiones, con limitada capacidad de ejecución y resultados que no corresponden con el discurso de transformación y combate a la corrupción que lo llevó al poder.

La inseguridad se consolidó como uno de los principales fracasos de la gestión. Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales reflejan que la tasa interanual de homicidios alcanzó 17.65 por cada 100 mil habitantes y que el país registró más de 300 muertes violentas adicionales respecto al periodo anterior. Estas cifras evidencian un deterioro sostenido de la seguridad ciudadana, sin que el gobierno haya presentado una estrategia integral capaz de contener la violencia.

A este escenario se sumaron hechos de alto impacto, como las fugas de privados de libertad en centros penitenciarios. Aunque se ha documentado que estos eventos estuvieron vinculados a actos de corrupción y negligencia de la anterior cúpula del Ministerio de Gobernación, cuyos exfuncionarios se encuentran prófugos de la justicia, el gobierno de Arévalo no logró una respuesta inmediata ni efectiva. La falta de depuración institucional y de control real del sistema penitenciario expuso la incapacidad del Ejecutivo para romper con prácticas corruptas heredadas y corregirlas de forma sostenida.

En el ámbito económico, el manejo presupuestario también generó fuertes cuestionamientos. El Presupuesto General del Estado superó los Q124 mil millones, el más alto en la historia del país, con incrementos significativos en gasto corriente y programas públicos. Sin embargo, los informes oficiales de ejecución presupuestaria evidenciaron bajos avances físicos en carreteras, puentes y mantenimiento vial, mientras la infraestructura nacional continuó deteriorándose, afectando la productividad y la conectividad del país.

El incremento del gasto público se tradujo además en un aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, según datos del Banco de Guatemala, sin mejoras proporcionales en servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Analistas económicos advirtieron que el crecimiento del gasto careció de reformas estructurales, controles efectivos y mecanismos de evaluación, lo que incrementó el riesgo de uso ineficiente de los recursos públicos.

En el plano político, decisiones como el aumento salarial de los diputados del Congreso hasta aproximadamente Q66,000 mensuales profundizaron el descontento ciudadano. Esta medida se aprobó en un contexto de estancamiento económico, pérdida de poder adquisitivo y aumento del costo de vida, reforzando la percepción de una élite política desconectada de la realidad social y económica del país, con el aval implícito del oficialismo.

La lucha contra la corrupción, principal bandera del gobierno, mostró resultados limitados y contradictorios. Aunque el Ejecutivo aseguró haber presentado más de 350 denuncias ante el Ministerio Público y se sumaron múltiples acciones penales promovidas por la Contraloría General de Cuentas, información del propio sistema de justicia evidenció que muchos de estos casos no avanzaron por falta de seguimiento, documentación incompleta y ausencia de pruebas sólidas. A ello se añadieron señalamientos públicos sobre prácticas de corrupción sostenida dentro del gobierno y de actores vinculados al oficialismo, lo que debilitó aún más la credibilidad del discurso anticorrupción.

Al cierre del año, el gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta un escenario marcado por desgaste político, promesas incumplidas y una creciente desconfianza ciudadana. El recuento de los daños deja en evidencia que, más allá de los discursos y las intenciones declaradas, la gestión pública se mide por resultados concretos, y en ese balance el Ejecutivo continúa quedando en deuda con Guatemala.