Incapacidad y clientelismo: La agenda del Ejecutivo y el Congreso – Editorial

En Guatemala, las decisiones más relevantes para el futuro del país parecen reducirse, otra vez, a cálculos numéricos sin sustento estratégico. La aprobación del Decreto 7-2025 en el Congreso de la República y la presentación del proyecto de presupuesto 2026 por parte del Ejecutivo han dejado en evidencia la falta de visión de Estado. Ambos procesos, en lugar de generar confianza, refuerzan la percepción de que el país avanza sin rumbo y con instituciones atrapadas en la improvisación.

Contrario a lo que insiste el oficialismo, Guatemala no padece una escasez crónica de recursos. Cada año el Estado recauda miles de millones de quetzales, suficientes para financiar políticas públicas en salud, educación e infraestructura. El verdadero déficit es político: incapacidad para ejecutar con eficiencia, ausencia de prioridades claras y persistencia en prácticas clientelares que favorecen a grupos específicos en lugar de responder a las necesidades de la población.

El Decreto 7-2025 constituye un ejemplo de cómo el Congreso se extravía en agendas particulares. Lejos de construir consensos que fortalezcan la institucionalidad, se limita a reproducir decisiones cortoplacistas que responden más a cálculos partidarios que a una visión de desarrollo nacional. Esta práctica erosiona la confianza ciudadana y debilita la capacidad del Legislativo para impulsar reformas estructurales.

El panorama no mejora con el presupuesto 2026 elaborado por el Ejecutivo. El documento presentado carece de ambición y se asemeja más a un plan de administración de la crisis que a una estrategia de transformación. No contempla un rumbo claro para dinamizar la economía, generar empleo formal o mejorar la competitividad. Tampoco plantea soluciones sostenibles para fortalecer los servicios básicos. En lugar de abrir espacios para la inversión y el crecimiento, el presupuesto proyecta un modelo limitado, incapaz de responder a los retos del país.

El resultado es la convergencia de dos instituciones clave como el Congreso y Ejecutivo, están en la parálisis. Mientras el Legislativo actúa con visión estrecha, el Ejecutivo se resigna a gestionar la inercia. De esta manera, el país se ve atrapado en un ciclo en el que los problemas estructurales se agravan: un sistema de salud en crisis, una educación pública cada vez más rezagada y una inseguridad que sigue minando la confianza en el Estado.

Este no es únicamente un problema de gestión administrativa; es un problema de liderazgo. Guatemala necesita un proyecto de nación que trascienda los decretos coyunturales y los presupuestos sin horizonte. La prioridad debe ser colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas, con decisiones orientadas a garantizar progreso y estabilidad, y no a justificar la ineficiencia.

El mensaje es contundente: Guatemala no carece de recursos, carece de acción política. Mientras el gobierno de Bernardo Arévalo y el Congreso continúen administrando la mediocridad en lugar de liderar un verdadero cambio, el país seguirá condenado al estancamiento. Hoy más que nunca, la ciudadanía debe exigir resultados concretos y defender con firmeza el derecho a un futuro distinto.